En Contramaestre, una valoración detallada acerca del comportamiento de los trámites que recibe la población, será presentada en sesión plenaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, la Décimo Sexta del actual mandato, por la comisión gubernamental encargada de examinar dicha actividad a nivel de territorio.
La delegada, Zeyda Reyna Barrientos, quien preside dicha comisión ante la Asamblea Municipal del Poder Popular, reafirmó que el tema referente a la calidad de los servicios que institucionalmente se brindan a la población, figura actualmente como uno de los asuntos de petición popular, el que merece de toda la atención por parte de los organismos y dependencias del Estado en la localidad.
Aseveró Reyna Barrientos que “ las acciones realizadas por la comisión sobre el referido asunto obedecen a lo dispuesto en la Ley 132 acerca de la Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular, la que en su capítulo XV, sección Cuarta, precisa la atención a las quejas y peticiones de la población”.
En esta ocasión , los criterios valorativos que serán presentados a la Asamblea de Contramaestre , una vez que dicho órgano emita su convocatoria para sesionar en plenario, en días próximos , están sustentados en el cumplimiento de varias acciones de diagnóstico.
En este sentido, destacan la preparación de los integrantes del referido grupo de trabajo gubernamental, visitas a varias entidades con objeto social vinculados a la prestación de servicios al pueblo , entrevistas a recurrentes y servidores públicos , así como acciones de control y fiscalización relacionadas con esta labor en varias dependencias estatales.
Entidades como Bufete Colectivo, ETECSA, Vivienda, la Empresa Eléctrica, Correos, Delegación de la Agricultura, Registro Civil Baire, Notaría, así como las sucursales Banco de Crédito y Comercio y el Popular de Ahorro, se ven reflejadas en dicha valoración a partir de la toma de criterios, que en muchos de los casos abogan por una mejor calidad en la prestación de los servicios, aún cuando son evidentes limitaciones objetivas que inciden negativamente en la realización de trámites y en el tiempo para ofrecer las respuestas y entregas de documentos , como también en la calidad del servicio de manera general.
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