Ante la tensa situación entre Estados Unidos con eminente declación de bloqueo y la joven Revolución Cubana, la dirección de la Revolución Cubana, en legítima defensa, adoptó una serie de medidas esenciales para salvaguardar los intereses del pueblo y garantizar la continuidad y el fortalecimiento del poder proletario alcanzado después de tanta lucha y derramamiento de sangre.
En respuesta a la agresión imperialista, en la noche del 24 de octubre, la máxima dirección del Gobierno Revolucionario, de acuerdo con las facultades que le otorga la Ley 851 para la Defensa de la Economía Nacional firmada el 6 de julio de 1960, y aplicada por primera vez el 6 de agosto, suscribió la Resolución No. 3 que dispuso la nacionalización de 166 empresas pertenecientes a personas o firmas norteamericanas.
Surge el bloqueo
Esta nueva medida revolucionaria correspondía a la necesidad de responder a la agresiva disposición yanqui de un bloqueo general de las exportaciones norteamericanas a Cuba, dirigido a estrangular la economía cubana. En una de sus partes la Resolución No. 3 decía:
“Como el Gobierno Revolucionario tiene el deber de defender esa economía, y además, es fundamental para la liberación y el desarrollo económico de nuestro país la liquidación de las empresas comerciales o industriales norteamericanas que actualmente constituyen en nuestra Patria el residuo del capital financiero de ese país, ha ordenado la nacionalización mediante expropiación forzosa, de todos los bienes de esas 166 empresas, entre las que se encuentran Ten Cents, Sears, Burrus Flour Mill, Mcfarlane Foundry, Firestone, Goodrich, Canada Dry, Coca Cola, Minimax, Ekloh, Abbot, Squibb, Hershey Railroad, compañías de seguros y mineras, distribuidoras de maquinarias, automóviles y accesorios, tabacaleras, hoteles y casinos.
Nacionalización contra bloqueo
Se cumplían así las palabras del líder de la Revolución pronunciadas nueve días antes, el 15 de octubre de 1960: “Si continúan las agresiones económicas contra nosotros, seguiremos nacionalizando empresas norteamericanas, de acuerdo con esa legislación”.
Además, las elecciones presidenciales en Estados Unidos estaban próximas y el compañero Fidel evaluaba las posibilidades reales de una inminente agresión armada, antes y después de esas elecciones e incluso en los días posteriores a la toma de posesión de cualquiera de los dos candidatos que asumirían la presidencia del gobierno norteamericano.
En medio de esta compleja situación, el 19 de octubre de 1960, la administración de Dwight Eisenhower declaró un “embargo” a las exportaciones estadounidenses a Cuba con el propósito de paralizar el país, ya que casi todos los insumos de las empresas cubanas provenían de Estados Unidos. Las medidas de control general dictadas por el Departamento de Estado marcaron, en la práctica, el inicio del bloqueo contra Cuba.
Al día siguiente, el Departamento de Comercio de EE.UU. modificó las Regulaciones de Exportación e impuso controles estrictos y totales estableciendo la prohibición de las exportaciones a Cuba, excepto para ciertos alimentos y suministros médicos.
Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Cuba, Phillip Bonsal, fue llamado a Washington para un “período extenso de consultas”. El portavoz del Departamento de Estado, Joseph Reap, informó de que no se había designado a ninguna otra persona para sustituirle. Sin embargo, cuando los medios de comunicación preguntaron “si este anuncio tenía alguna relación con el embargo impuesto al comercio con Cuba, el portavoz dijo que era simplemente una coincidencia”.
Nadie podía creer en las coincidencias; era simplemente la culminación del proceso de agresión económica y subversión que el gobierno de Estados Unidos había mantenido contra Cuba desde los primeros meses del triunfo de la Revolución. Surgía así el bloqueo económico y finaciero norteamricano contra Cuba que hoy conocemos y sufrimos.
