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De la empresa filial a la UEB “autorizada”: Los nuevos conceptos en el panorama empresarial cubano

El pasado 7 de mayo la Gaceta Oficial publicó un compendio de normas jurídicas que puso en blanco y negro, para su materialización, medidas ya esperadas desde el año anterior en el sistema empresarial cubano. Son 15 nuevas decisiones, y la más “popular” —según comentarios en Cubadebate y preguntas y dudas en seminarios de capacitación—  es la distribución de utilidades a los trabajadores, ahora sin límites. Sin embargo, en aparente silencio están otros asuntos que definen, por ejemplo, el rumbo de las UEB, ahí donde se produce directamente y se generan las ganancias que todos esperan repartir.

El paquete legislativo trae cambios profundos para esas estructuras, sobre todo para aquellas que se mueven hoy dentro de “una camisa de fuerza”, “donde ya no caben”, dice Ivonne Rodríguez, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación (MEP). Recordemos que en las transformaciones anteriores hubo empresas que quedaron rebajadas a UEB y ahora tendrán quizás la posibilidad de recuperar aquella autonomía perdida.

En diálogo con Cubadebate la directiva desmenuza las nuevas disposiciones que entraron en vigor tres días después de su publicación en Gaceta, “porque eran medidas anunciadas desde el año pasado y, por tanto, había que ser lo más expedito posible”.

De la lectura del Decreto-Ley 34 se resume que hay tres opciones para las UEB: adquirir el calificativo de “autorizada” —y con ello asumir facultades que “rozan” con autonomía—, ascender como empresa independiente o convertirse en una empresa filial. El cambio depende de la estrategia del organismo —dígase OSDE o empresa— y al menos en los dos últimos casos la aprobación estará en manos del MEP.

Pero empecemos por la “filial”, que aunque es una estructura nueva en el entramado empresarial cubano, el término sí suele ser conocido. Resulta frecuente que se emplee, por ejemplo, como sinónimo de las “dependencias” o “divisiones” que tienen a lo largo de todo el país empresas como Copextel.

Si googleamos empresa filial aparecen muchísimas referencias y en todas hay puntos en común: “es una entidad controlada por otra entidad llamada matriz, holding o parent company (literalmente compañía madre o padre)”. ¿Es así en la legislación cubana?

La directora jurídica del MEP conceptualiza —Decreto-Ley 34 mediante— que se trata de una entidad (con personalidad jurídica) subordinada a la empresa de la cual se desprende, es decir, a su “empresa madre”. Su génesis sería el resultado de nuevos negocios o inversiones o una Unidad Empresarial de Base (UEB) que cierre, total o parcialmente, ciclos o que también puede realizar actividades de distinta naturaleza dentro su grupo.

Este tipo de modalidad, explica Rodríguez, puede concebirse para el sistema empresarial estatal, pues a partir del perfeccionamiento anterior, hubo muchas empresas que pasaron a ser UEB, y hoy algunas son mucho más que eso. De ahí que se diseñara este tipo de modalidad que permite, a la vez, no “recargar a las OSDE” con nuevas empresas independientes.

No obstante, aclara, “desde el MEP donde mejor visualizamos su creación es en las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano, cuyas UEB en la mayoría de los casos son llamadas hoy filiales, divisiones o sucursales”.
Por ejemplo, abunda, Copextel tiene divisiones o filiales en todo el país, y son UEB que cierran ciclos, incluso pudieran existir algunas que realicen actividades de distinta naturaleza pero que de alguna manera conectan con la “entidad madre”. Evidentemente, por la dispersión geográfica que tienen y por lo que representa su actividad para el territorio, “es necesario para la casa matriz que esta estructura adquiera personalidad jurídica”.

Esto facilita, entre otras cosas, la agilidad en la toma de decisiones. “Hoy gestiones como los contratos económicos, los nombramientos y las medidas disciplinarias deben, para su aprobación, “viajar” hacia la casa matriz. Además, permite a estas reducir plantillas porque se concentrarían en cuestiones estratégicas”.
Pero, ¿por qué es más factible crear filiales en el mundo mercantil? Rodríguez comienza explicando qué significa que una empresa esté subordinada o integrada a la OSDE. En este último caso, “las empresas conservan autonomía en su gestión, encargándose la OSDE de establecer las acciones de dirección, coordinación y las estrategias”.

En cambio, prosigue, en la subordinación (como sucede con las filiales) “las decisiones pueden ser cuestionadas”. En términos legales sería: como nace del patrimonio de su “entidad madre”, para hacer uso de ese patrimonio está supeditada, de alguna manera, a su aprobación.

“En el mundo mercantil la entidad está conformada por accionistas, y la casa matriz es el accionista mayoritario, de ahí que contribuya a adoptar las decisiones correctas o que le interesan. Por eso, aquí la subordinación es más solapada, porque como la junta accionista toma las decisiones, luego nadie las puede cuestionar”.
Es por ello, asevera, que “nos cuesta visualizar este tipo de modalidad en el sistema empresarial estatal, porque si las decisiones pueden ser cuestionadas, ¿hasta qué punto es la autonomía?, ¿la empresa tendrá autonomía financiera, pero no de gestión porque esta puede ser cuestionada?”.

A su juicio, esta dicotomía puede aparecer, por ejemplo, en los centrales azucareros, algunos de los cuales siguen siendo una empresa aun cuando fueron transformados en UEB. Si bien “rectificar es de sabios”, “aquí una posible creación de empresas filiales, desde el punto de vista legal, implica la aplicación del concepto de subordinación, por tanto estarían supeditados a la voluntad de la “entidad madre”, es decir, de la empresa azucarera. Entonces, ¿hasta qué punto se puede cercenar o no la autonomía?”.

La directora jurídica del MEP habla de lo aprobado no como normas rígidas, tomando en consideración que, con respecto a este tema, “en el sistema empresarial estatal iremos corrigiendo el tiro”, en el sentido de que para el 2022, según el cronograma legislativo que implementa lo refrendado en la Constitución, se debe aprobar la Ley de Empresa.

“Esto serviría como antesala para evaluar hasta la necesidad real de la empresa filial. Porque pudiera funcionar pero quizás la vida nos demuestre que es un escalón innecesario”.
No obstante, analizando la norma en el contexto actual, se vislumbran beneficios. Por ejemplo, expone Rodríguez, la provincia de Mayabeque, de manera excepcional por el experimento que en ella se realiza, tiene una única empresa a nivel provincial de Comercio y Gastronomía, en vez de una en todos los municipios como en el resto del país. Según ellos, les conviene como grupo no sobredimensionar la estructura sino que se creen filiales en los municipios, debido a la afinidad en materia de actividad y control.

En casos como este, alerta la directora jurídica, la “empresa madre” debe, como principio esencial, conservar actividad productiva y de servicio. Porque “hay quienes pueden pensar en convertir todas sus UEB en empresas filiales y realizar solo funciones de dirección y control, y así estarían actuando como una OSDE”.

Por otro parte, Dania Loraina Fuentes, jefa del grupo de Movimientos Organizativos y Objetos Sociales del MEP, habla de bondades que redundarían en más productividad y eficiencia. “Si los gastos en la actividad de ciencia, tecnología e innovación son asumidos por la empresa madre, y los resultados los comparte con sus filiales, estas aliviarían su gestión”.

También se pudieran buscar otras actividades que tributen beneficios colectivos. “Desde la empresa madre se podrían llevar las actividades financieras, jurídica, economía, recursos humanos, para que sus filiales se concentren en la actividad productiva y de servicio. Además, de brindarles asesoría”.

En el mundo mercantil, ejemplifica Fuentes, “a la empresa madre le debiera convenir que sus filiales funcionen, prosperen, porque recibirán el 50% de las utilidades que ellas generen”.

Antes en el sistema empresarial ese aporte era directo al presupuesto del Estado y con la nueva resolución del Ministerio de Finanzas y Precios se establece que sea recibido por la empresa madre, que cedió parte de su patrimonio.

¿Qué son las UEB “autorizadas”?

El artículo 32 del Decreto-Ley 34 ampara una nueva modalidad de las UEB. La directora jurídica del MEP las nombra con el apellido de “autorizadas”, porque —dice el escrito— “siempre que esté autorizada por la entidad que la crea, la unidad empresarial de base puede:

Elaborar estados financieros, pagar impuestos sobre utilidades y distribuir utilidades.
Acceder a créditos otorgados por el sistema bancario o instituciones financieras.
Si bien siguen sin personalidad jurídica y sin aprobar el plan, pues deben proponer su proyecto a la empresa, las nuevas facultades “rozan con autonomía”, destaca Rodríguez y recuerda que los mayores dilemas han estado a la hora de repartir las ganancias.

De no pocos infortunios relacionados con este tema se hizo eco la prensa, como sucedió con el Hotel Nacional (convertido en UEB en la anterior reestructuración del sistema empresarial), que aun cuando fuera rentable no podía repartir utilidades si la OSDE no lo era. Ahora hay un sustento legal para, sin tener que convertir al Nacional en una empresa, sus trabajadores puedan disfrutar de las ganancias creadas, sin que interfieran los resultados de otros.

En todo caso, acentúa la directora jurídica del MEP, el cambio de las UEB depende de la estrategia del organismo. En la empresa filial, es su “madre” quien propone la transformación al OSDE u organismo, y este lo presenta al Ministerio de Economía y Planificación para su aprobación.

En cambio, para ascender a empresa independiente, “no necesariamente debe estar propuesta por la entidad madre, puede ser que desde la OSDE se plantee la necesidad”. Pero aquí también la aprobación estará en manos del MEP.

La jefa del grupo de Movimientos Organizativos y Objetos Sociales comenta que en su Ministerio se harán todas las evaluaciones porque hay que buscar, sobre todo, lo que implica la creación de la nueva estructura. “Hay UEB que están en condiciones de ser una empresa independiente pero cuando se realiza una evaluación integral, la empresa que cede sufre deterioro financiero y económico, y es algo por lo que debemos velar”.

Otro riesgo tiene que ver con los precios. “Entre las UEB no existen relaciones monetarias-mercantiles, sino transferencias. Es decir, entre ellas no hay compraventa, sino transferencias de bienes y servicios. La empresa madre es la encargada de comercializar el producto final.
“Pero cuando una de las UEB salga de ese vínculo, ya no hay transferencias, sino relaciones monetarias-mercantiles, y con ello encarecimiento de los precios al sumar el margen comercial”.

Por eso, reafirma Fuentes, la importancia de razonar: ¿estamos sacando un eslabón importante de una producción para entonces encarecerla o realmente debiera seguir siendo UEB?

La especialista añade que estos movimientos organizativos se le han notificado a la CTC y al MTSS para evaluar el impacto en los trabajadores. “Si bien la creación en la mayoría de los casos no genera disponibilidad, fusión y extinción sí. ¿Para dónde van los trabajadores?, ¿hay fuentes de empleo que permitan su incorporación? Todo eso se tiene en cuenta a la hora de autorizar un movimiento organizativo”.

Igualmente, y para su correcta implementación, Fuentes asegura que se inició un proceso de capacitación junto a los ministerios de Finanzas y Precios y de Trabajo y Seguridad Social; con amplia incidencia en las nuevas resoluciones.

“También queremos establecer un sistema de capacitación directamente con las OSDEs como lo tenemos previsto con GELEC y GEICONS. Más allá de eso nos gustaría adiestrar a los actores económicos implicados en el Decreto-Ley, que son la base de las normas jurídicas. El empresario tiene que entender muy bien qué es la empresa filial y su interacción con el resto de las estructuras”.

Seguir rompiendo ataduras

Las nuevas flexibilizaciones del objeto social que se leen en la Resolución 28 significan un “salto cualitativo enorme en comparación a la norma precedente”, asegura la directora jurídica del MEP. “Si bien en 2013 se dio un avance, a partir de la aprobación de actividades secundarias, eventuales y de apoyo, aún quedaban amarras que impedían desatar todas las potencialidades productivas”.

“Antes de esta fecha, recordemos, había que incluir todas las actividades productivas en el objeto social. No obstante, con la puesta en práctica de esa norma en el 2013 se dio un cuestionamiento en este nomenclador, pues no quedaba claro cuál era la calificación de cada tarea”.
Dicha situación, añade, provocó que por el desconocimiento de los empresarios, o para evitarse malas miradas, muchos renunciaran a emprender las nuevas facilidades.

Un desenlace lamentable e ilógico con los padecimientos de la economía cubana. Por eso, “ante la actual escasez de oferta y la necesidad de poner en función de la sociedad toda la capacidad de infraestructura, recursos e inventiva, hacía falta abrir todavía más lo que la entidad podía hacer”.

En este escenario, explica Rodríguez, el objeto social seguirá siendo la misión de la empresa y  sus principales actividades mercantiles para las cuales fue creada. “Además, se puede aprobar cualquier actividad lícita de producción, comercialización y servicio que cumplan la legislación vigente”.

“Teníamos al empresario atado de pies y manos, y dijimos que se consideraba actividad secundaria cualquier actividad lícita que se pudiera hacer. En una economía como la nuestra, no hay de otra, hay que aprovechar todas las oportunidades”, sostiene.
Dichas prerrogativas aspiran a que “nuestros empresarios se vuelvan más emprendedores”, siempre velando porque los recursos asignados para el cumplimiento del objeto social no sean desviados para otros fines.

Un cambio sustancial plantea que, en aras de afianzar el principio de responsabilidad colectiva ante la toma de responsabilidades empresariales, “esa decisión deja de ser del director de la entidad y pasa a ser una facultad del órgano colegiado, que en el caso de la empresa estatal es el Consejo de Dirección y en el caso de las sociedades mercantiles, las juntas de accionistas”.

Otra de las ataduras que se rompen, refiere la directora jurídica, es que “el objeto social no es necesariamente el que le genera mayores ingresos a la empresa”. “La vida nos demostró esto y tuvimos que corregir el tiro”.

Un ejemplo de los tantos que puede haber es la Empresa Cubana de Zoológicos, que tiene como objeto social “prestar servicios científicos de exhibición y conservación de la fauna silvestres y la flora”. Sin embargo, como amplía Rodríguez, dicha entidad presta además servicios gastronómicos, recreativos y de alquiler de espacios, tanto a formas de gestión estatal como no estatal.

“Estas tres últimas actividades hicieron que se convirtiera de unidad presupuestada a empresa, pues le generan un sinnúmero de utilidades que le permiten su auto sustentación. No obstante, ella no es una empresa gastronómica, ni recreativa y mucho menos inmobiliaria. Su misión principal sigue siendo la enunciada con anterioridad”.

Todo ello refrenda la nueva concepción de que el objeto social no siempre tiene que ser lo que más ingreso reporte a una entidad. “Si seguíamos con la camisa de fuerza, la gastronomía debía ser, en este caso, parte del objeto principal de dicha empresa, cuando perfectamente se puede articular como una actividad más”.

De no haberse dado este paso, coinciden las letradas, se perdían fuentes de empleo, se desaprovechaba las capacidades de infraestructura e incluso hasta los recursos que constituyen los desechos productivos para hacer nuevos bienes.

Otra flexibilidad está en la posibilidad de contratar a un trabajador de la entidad fuera de su jornada laboral para realizar otra actividad a la de él.

“Aquí se podrían realizar actividades como jardinerías o mantenimiento constructivos, y a diferencia de lo normado con anterioridad, ya este trabajador no tiene que ser TCP, sino que estamos empleando la propia fuerza laboral del centro. Imaginemos que tenemos a un informático con experticia en reparar ventiladores o microway y que tenemos estos equipos rotos en la entidad. Después de su jornada laboral se hace un contrato económico con él”, detalla Rodríguez.

En camino hacia la Ley de Empresa

La directora jurídica del MEP ve al Decreto-Ley 34 como una antesala de la Ley de Empresas prevista a aprobarse el próximo año. Si el 335 “era una relatoría de las facultades de la empresa y del director”, con la legislación actual muchos juristas han llamado al MEP porque “no encuentran las mismas pautas”. “Le hemos dicho, es cierto, construya usted a partir de la norma general de que el jefe de la entidad tiene funciones de dirección y control para con la entidad´”.

Porque para Rodríguez la nueva ley no puede ser igual a un decreto donde se establece una relatoría de lo que se puede o no hacer. Ahí “la autonomía es formal y se convierte en un slogan”.

“Una ley de empresas, como la que aspiramos en el 2022, solo debe regular principios generales y reglas de actuación para, como en un campo de fútbol, moverse con autonomía y cumplir el encargo social”.
Para la jurista, los empresarios “deben salir de la zona de confort”, en tanto se debe estremecer la base legal de la empresa estatal socialista. “Al comparar las legislaciones en el mundo ninguna ley de empresa es tan específica y solo se dicen reglas generales de actuación. Incluso, aspiramos que la nueva ley de empresa no tenga reglamento porque si no viramos a lo mismo”.

Esto es fundamental, considera, si queremos lograr que realmente la empresa estatal socialista sea el principal actor económico de la sociedad y que funcione, como dice la carta magna, en similares condiciones a los otros sujetos de la economía.

“Si uno revisa cómo funcionan hoy las cooperativas no agropecuarias en Cuba o un trabajador por cuenta propia, es evidente la flexibilidad con la que trabajan para emprender su negocio. Entonces, ¿va a ser el principal actor económico el que estará amarrado? Hay que construir las bases de la empresa estatal y debemos ser ingeniosos”.

Tomado de Cubadebate

Eficiencia empresarial: de la aprobación de las normas a su aplicación efectiva (+Video)

Con el propósito de seguir fortaleciendo la empresa estatal socialista para que desarrolle todas sus potencialidades como figura fundamental de nuestro modelo económico, entraron en vigor 12 normas jurídicas que implementan 15 medidas aprobadas, en septiembre de 2020, como parte del proceso continuo de perfeccionamiento del sistema empresarial.

En conferencia de prensa efectuada este martes en el Ministerio de Economía y Planificación (mep), directivos de este organismo, de la Comisión permanente para la implementación y desarrollo de los Lineamientos y de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Finanzas y Precios (MFP) abundaron en las novedades de las disposiciones, las cuales se agrupan en dos decretos-leyes (34/2021 y 36/2021) del Consejo de Estado, un Decreto del Consejo de Ministros (39/2021) y nueve resoluciones.

Margarita González Fernández, jefa de Grupo de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, repasó algunas transformaciones importantes aprobadas desde 2011 que han tenido como protagonista a la empresa estatal.

Generalización de las juntas de Gobierno y perfeccionamiento de sus funciones.
Aprobación de la Política para la flexibilización de los objetos sociales.
Traspaso al sistema empresarial de las facultades para la aprobación de estructura, plantilla, sistemas de pago y régimen laboral.
Eliminación de restricciones administrativas para la formación y distribución del salario.
Modificación de las relaciones financieras de las empresas con el Presupuesto del Estado, entre las que destacan: no aportar la depreciación e incrementar del 30 al 50 % la utilidad después de impuestos que retienen.
Aprobación e implementación de 28 medidas para seguir las transformaciones de las empresas estatales y posibilitar su desarrollo en las condiciones actuales.
Como continuidad del proceso emprendido para dotar a las entidades de mayores facultades y autonomía, dijo, fueron aprobadas las 15 medidas, cuya expresión jurídica está contenida en las normas publicadas en la Gaceta Oficial No. 51 y que, de manera general, flexibilizan la estructura y el funcionamiento del sistema empresarial y transforman sus relaciones financieras con el Presupuesto del Estado.

En cuanto al Decreto-Ley No. 34, Del Sistema Empresarial Estatal Cubano, González Fernández señaló que está dirigido a perfeccionar las funciones de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), empresas y unidades empresariales de base (UEB).

Además, agregó, incorpora como nueva figura organizativa a la empresa filial, generaliza el pago por alto desempeño y autoriza la contratación y pago a los trabajadores de servicios asociados a la reparación, mantenimientos y otros similares, fuera de la jornada laboral y sin que se considere salario.

Sobre el Decreto-Ley No. 36 y el Decreto No. 39, Virginia Marlen García Reyes, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass), explicó que modifican la Ley No. 105 de Seguridad Social y su Reglamento, en pos de facilitar la reincorporación al empleo de los pensionados por edad y establecer un tratamiento diferenciado a los que acrediten 45 años o más de servicio y laboren, con posterioridad a su jubilación, cinco años o más.

NOVEDADES FINANCIERAS Y FLEXIBILIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero del MFP, significó, entre las medidas que implementan las seis resoluciones correspondientes a su organismo, la flexibilización de la distribución de utilidades a los trabajadores, pues se elimina el límite de hasta cinco salarios medios, sin condicionarlo al cumplimiento de indicadores directivos.

En torno a la Resolución 124, también destacó la regulación de dos nuevos destinos para las utilidades retenidas: los fondos para financiar la adquisición y la construcción de viviendas y para sufragar la estimulación colectiva a trabajadores y a colectivos laborales.

La Resolución 117, subrayó, da cuenta de un proceso ordenado de descentralización en la aprobación de precios a las UEB, lo que permitirá el ajuste de estos a las características de los territorios y exigirá de mayor responsabilidad para cumplir con las facultades otorgadas.

Informó que la Resolución 119 dispone la aplicación del Impuesto sobre los ingresos personales a los trabajadores del sector empresarial, que reciben ingresos por la contratación de determinados servicios fuera de su jornada laboral.

Similar a lo estipulado en la Resolución 310/2020 del MFP, los ingresos mensuales hasta 3 260 pesos estarán exentos de impuesto, el exceso de 3 260 hasta 9 510 tendrá un tipo impositivo del 3 %, y el exceso de 9 510 del 5 %.

Y como los ingresos por la contratación de determinados servicios fuera de la jornada laboral no constituyen salario, no están gravados, al decir del Viceministro primero, por el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, la contribución a la Seguridad Social y la contribución especial a la Seguridad Social.

Respecto a las disposiciones concernientes al mep, Ivonne Rodríguez Rodríguez, su directora jurídica, resaltó la superioridad técnica de la Resolución 27, referida al procedimiento sobre movimientos organizativos y cambios de denominación; al tiempo que reconoció las fortalezas de un segundo proceso de flexibilización de los objetos sociales detallado en la Resolución 28.

LAS 15 MEDIDAS MÁS RECIENTES PARA FORTALECER LA EMPRESA ESTATAL SOCIALISTA

De los destinos de las utilidades retenidas después de impuestos, se flexibiliza la distribución a los trabajadores, eliminando el límite de hasta cinco salarios medios sin condicionarlo al cumplimiento o sobrecumplimiento de los indicadores directivos. Esta medida deberá ser aplicada en el ejercicio económico del año 2020, con distribución en el año 2021.
Facultar al máximo órgano colegiado de la entidad para aprobar el pago por distribución de utilidades a los trabajadores que han sido sancionados por indisciplina durante el año, con excepción de las medidas que se aplican cuando la violación es considerada grave en los reglamentos disciplinarios.
Flexibilizar la utilización de los cargos técnicos establecidos en los calificadores, incluido el diseño de los cargos propios, exceptuando los relacionados con el cumplimiento de funciones estatales.
Generalizar a todo el sistema empresarial el «pago por alto desempeño».
Permitir a los trabajadores que se jubilan y deseen mantenerse activos ser contratados para ocupar igual cargo que el desempeñado hasta el momento de obtener su pensión, siempre que responda al interés de la entidad.
Modificar el cálculo de la pensión para los trabajadores que, una vez jubilados con 45 años o más de servicios, se reincorporen al trabajo y laboren al menos cinco años o más, previa modelación del impacto de su aplicación en el gasto de la Seguridad Social.
Autorizar la contratación de determinados servicios a los trabajadores de la entidad, diferentes a los que realizan, según sus contratos de trabajo, fuera de su jornada laboral, ajustando el ingreso que recibirán según el valor del servicio del que se trate, sin que se considere salario a los efectos legales.
Unificar los conceptos de actividades secundarias, eventuales y de apoyo.
Generalizar, como vía para financiar los gastos de las OSDE, lo establecido en el Decreto 281/07, de aportar por cada empresa el monto resultante de la aplicación a las ventas netas el coeficiente que resulta de la relación del presupuesto de gastos de la OSDE con la sumatoria del total de ventas de las empresas integradas.
Perfeccionar las funciones de las OSDE, empresas y UEB, mediante la integración y modificación del actual Decreto-Ley 252 y los Decretos 281, 335 y 336, al mismo tiempo que será necesario definir la existencia de OSDE subordinadas a otras.
Descentralizar la facultad de creación, fusión y extinción de empresas, así como la aprobación de los objetos sociales a los órganos, organismos y OSDE.
Se adoptará un conjunto de medidas para flexibilizar el funcionamiento de las UEB con lo que se ampliarán también las facultades de sus jefes para acceder directamente a créditos otorgados por el sistema bancario o instituciones financieras, para lo cual las sucursales bancarias evalúan el proyecto presentado. Estas medidas incluyen, además, operar cuentas bancarias de ingresos y gastos (operaciones) en los límites del plan y presupuesto desagregado, definir los precios y las tarifas de sus productos o servicios, y aprobar inversiones no nominales para solucionar imprevistos y restituir equipos, para lo cual la empresa desagrega hasta el 50 % del Plan aprobado hasta el nivel de la UEB.
Aprobar que las UEB que se determinen elaboren estados financieros, paguen impuestos sobre utilidades y distribuyan utilidades, sin tener personalidad jurídica, estableciendo como condición que la empresa ceda parte de su patrimonio; ello implica regular las interrelaciones económicas y financieras entre la empresa y las UEB para aplicar la medida.
Aprobar como una de las figuras para integrar el sistema empresarial estatal la empresa filial.
Donde sea necesario y aconsejable, convertir en empresas las UEB que cierran ciclos productivos total o parcialmente, o desarrollen actividades de diferente naturaleza dentro de la misma empresa, previo análisis y fundamentación del Presidente de la OSDE.

Tomado de Granma

Cuatro meses de ordenamiento monetario en Cuba: Ajustes y correcciones

Cuatro meses de ordenamiento monetario han bastado para que la complejidad de este proceso se exprese en números y realidades. La economía y el presupuesto —del país, de empresas, instituciones y población—, en apenas 120 días han debido enfrentar el impacto de la devaluación del peso cubano frente al dólar. La rápida subida de los costos y su traspaso a los precios, han sido inevitables en una nación sumamente importadora y en medio de la crisis generada por la pandemia y el arreciamiento del  bloqueo.

Y es lógico que ante transformaciones de tanta profundidad, con una incidencia transversal en todos los ámbitos de la economía y la vida del país, surjan dificultades.

En el reciente Congreso del Partido, Miguel Díaz-Canel reconoció que “el Ordenamiento presentó problemas de instrumentación, por insuficiente preparación de algunos directivos e inadecuada interpretación de las normas, pero existen incomprensiones derivadas del error de asociarlo a problemas que estaban presentes antes de su implementación. A ello se suman las insatisfacciones generadas por una argumentación no siempre oportuna y precisa y algunos reclamos inadmisibles, que se alejan de los principios de la Tarea”.
Desde el inicio la voluntad del Gobierno fue corregir y, sobre todo, atender las quejas de la población, lo que se ha traducido en medidas concretas, incluso antes del “día cero”.

Hay quienes consideran paradójico que se haya tenido que cambiar unas cuantas cosas, después de tantos años de estudios. No obstante, y sin quitarle responsabilidad a las “cosas de diseño e implantación”, es preciso recordar —reflexionó en la Mesa Redonda Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos— “que en un mismo día se hicieron muchos cambios (se quitó el CUC, se cambió el tipo de cambio, se hizo la reforma salarial y se eliminaron subsidios excesivos y gratuidades indebidas) y todavía hay un grupo de cosas en la economía que hay que seguir precisando a largo plazo”.

Cubadebate ofrece un resumen de los ajustes y nuevas decisiones tomadas en estos cuatro meses, fundamentalmente en términos de tarifas, precios y salarios.

Tarifas:
Modificación de las tarifas eléctricas en el sector residencial, con un presupuesto subsidiado previsto de 17 800 000 000 que pudieran ser superiores si crecen los precios del petróleo en el mercado mundial.

Establecimiento de tarifas eléctricas para las formas de gestión no estatal. “Aquellas personas que tenían su actividad económica en su vivienda también pagaban la tarifa residencial y junto con la reducción de la tarifa, se les cambió la facturación. Incluso se les dio la opción de los primeros 250 pesos por la tarifa residencial con subsidio y de ahí en adelante por la tarifa no residencial que es más cara, pero no progresiva”.

Se actualizaron las tarifas para aquellos que generan fuera del sistema energético nacional.

Tarifas máximas para el alquiler de ómnibus, minibuses y microbuses para el transporte a trabajadores y autorización a que las entidades asuman parte del costo. “Había lugares en que la transportación obrera casi le costaba a las personas 600 pesos al mes”.

Transformación de la forma en que el Ministerio de Salud Pública paga las tarifas de transporte a los pacientes de hemodiálisis y el cobro de la tarifa de la empresa de transporte escolar.

Tarifas de agua al sector productivo, que bajaron en un 20% aproximadamente.

Se estableció la tarifa fija para el cobro de agua en edificios multifamiliares.

Se revisaron las tarifas de los servicios jurídicos prestados por los bufetes colectivos.

Establecimiento de tarifas máximas de los servicios productivos en CUP para el cobro de los servicios que presta la Aduana General de la República.

Bonificación de la tasa de peaje a personas jurídicas y naturales que lo requieren por sus funciones y lugar de residencia. Estos son los casos de los conductores de vehículos de Santa Marta y Varadero, así como a los transportistas profesionales del sector estatal y no estatal, residentes en Cárdenas y Matanzas, los cuales solo pagan el 70 % de lo establecido.

Respecto a la transportación de cargas, teniendo en cuenta el aumento de costos en todos los sectores de la economía por la aplicación de las tarifas de transportación de carga, se modifica la Resolución 311 del 2020 del MFP. Esta decisión implica una rebaja del 30 % a las tarifas establecidas para la transportación de cargas, tanto por ferrocarril, carretera, o la forma multimodal.

Precios:

12. Reducción del precio del GLP, en principio en 213 CUP y bajado a 180.

13. Disminución del precio del keroseno en 50% en zonas no electrificadas (implica un subsidio de 90 MMP del presupuesto del Estado).

14. Se amplió la nomenclatura de medicamentos con precios subsidiados ( implica el crecimiento del subsidio del presupuesto a más de 3 000 000 000 de pesos).

15. Establecimiento de subsidios a precios minoristas para productos de entrega específica al Plan Turquino – Manatí, Caimanera y zonas de difícil acceso.

16. Se acotaron los precios de los comedores obreros. “Por encima de 18 pesos lo tiene que pagar el centro de trabajo o una parte, pero los problemas dados inicialmente de una ración en 100 y 200 pesos ya se resolvieron”.

17. Se le dio un tratamiento al procedimiento para el cobro del servicio de limpieza de fosas reiterativas y casos vulnerables “que a partir de una formulación lo más que te puede costar en el año es 280 pesos”.

18. Aplicación de precios mayoristas de combustible a las cooperativas no agropecuarias, dedicadas a la transportación de pasajeros. El litro de diésel mayorista es 14 pesos y el minorista 30, con el objetivo de evitar precios abusivos y especulativos.

19. Aprobación de los precios mayoristas de combustible para TaxiCuba.

20. Modificación de los precios en materiales de la construcción.

Salariales:
21. Un nuevo anticipo salarial de 1 000 pesos (en adición al realizado en diciembre como parte de las medidas) a quien lo necesitara con posibilidades de pagarse en cuatro meses.

22. Incremento de las escalas salariales superiores para los operarios de alta clasificación en el sistema empresarial (60 cargos y más de 12 000 trabajadores).

23. La aprobación de sistemas de pago por resultados (el diseño de la tarea previó que no iba a haber pagos por resultado) para cuatro sectores de la economía: agencia de taxis (TaxisCuba), empresa de transporte de La Habana (choferes y cobradores) y comercio minorista del turismo.

24. Descentralización de la facultad al ICRT y al Ministerio de Cultura para la aprobación de las formas de pago a los trabajadores que participan en la producción y realización de los programas de radio y televisión, estudios de animación y obras audiovisuales.

25. Se estableció un sistema de pagos para los gestores cobradores de multas.

26. Se pasaron a escalas salariales superiores a los maestros graduados de técnico superior (ciclo corto) en la enseñanza general y media.

27. Otra medida aprobada fue la aplicación de una nueva norma jurídica que establece sanciones a quienes ponen precios abusivos y especulativos. Conductas que merecen ser siempre condenadas y más cuando existen condiciones objetivas para que se produzca un incremento de precios: déficit de oferta; subida del ingreso de la población y por tanto, de la demanda solvente, e incremento de los costos a las formas de gestión no estatal.

Producción agropecuaria
Para estimular la producción de alimentos, se dio luz verde a un paquete de 63 medidas. Algunas son ajustes a tarifas y precios fijados por la Tarea Ordenamiento y otras plantean novedades en este sector, en términos de facilidades de comercialización y financieras.

27. Rebaja del servicio eléctrico: Se aplican tarifas M3A (cuando tenemos un registro y metro independiente de la vivienda) se produce una rebaja de la tarifa de los servicios eléctricos y que prácticamente será de un 28,5%.

Asimismo, se aplicará una disminución para aquellos productores que se les factura por el servicio M3B, que es de media tensión para productores agropecuarios con metro de tres registros. En el caso de la madrugada, se rebaja de 1,91 a 1,32 kWh; y en el día de 2,34 a 1,85 kWh.

28. Novedades en el servicio del cobro del agua: En el caso del servicio de agua para la producción de arroz, se establece las resoluciones 65 y 83 del MFP, una rebaja de un 32% y de un 22% para las restantes actividades.

Otro planteamiento revisado a partir de muchas de las opiniones de los productores está relacionado con el cobro del agua subterránea. En ese caso, se aprobó una rebaja de 17.50 pesos a 7.50 pesos por cada 1000 m3. De igual modo, se aprobó que la contratación de este servicio se realizará directamente con el productor agropecuario.

En el caso de los servicios de agua, también se elimina el cobro automático contra el saldo de las cuentas de la base productiva agropecuaria.

29. Se reducen los precios de varios insumos y servicios: Reducción de los precios de los piensos nacionales para la producción porcina en un 60%.

Se aprobó además una rebaja de los insumos necesarios para la producción porcina, con un impacto importante en el Presupuesto Estatal. Esta medida quedó dispuesta en la Resolución 58/21 del MFP publicada este 13 de abril.

Otra de las disminuciones importantes ocurre, a partir de la revisión de las fichas de costo, desde las empresas productoras de bioproductos, entre ellas LaBioFam.

En el caso de los precios de acopio del arroz cáscara húmeda, se aprobó aplicar un precio de acopio de 6 922 pesos por tonelada, (318 pesos por quintal) por la compra del arroz cáscara húmedo. Esto aplica si recibe el paquete tecnológico, con rendimiento mínimo de 4.2 toneladas/hectárea.

Sin embargo, de no garantizarse al productor la entrega de insumos importados, se incrementa el precio de acopio a 7 414.26 pesos por tonelada (341 pesos por quintal).

30. Flexibilizar la comercialización de determinados productos: Cuando el productor termine de cumplir con lo contratado para el consumo social y para el destino que el acopiador pactó con él, puede ir al mercado y vender sus producciones, previa concertación de los precios con gobiernos y clientes.

Habrá precios centralizados para los destinos fijados que incluyen de entrega a la industria, así como el consumo social, dietas médicas y sistema de alimentación a la familia; y descentralizados en la venta a los gobiernos locales y grupos empresariales para otros destinos”.

Así sucederá con productos como la malanga (xanthosoma y colocasia), el plátano (vianda, burro y fruta), boniato, mango, guayaba, fruta bomba y el tomate para la industria, lo cual quedó recogido en la Resolución 84/21 del MFP.

El Gobierno ha repetido a la largo de estos cuatro meses su compromiso de buscar solución inmediata a las quejas de la población, siempre que sea posible. Y esta condición, que significa —en palabras de Murillo— “tomar medidas con lupa”, no puede interpretarse sin mirar el déficit del presupuesto estatal este año. Muchos más gastos que ingresos se planificaron, y a eso hay que añadirle ahora los dineros para respaldar los nuevos ajustes. El sentido común (y nuestra propia experiencia en nuestra familia) nos dice que, si los gastos superan a los ingresos tenemos un problema. Aumentar la deuda pública no puede ser la solución.

Antes del “día cero” se supo que la unificación monetaria y cambiaria no era la “varita mágica” y que su aplicación sería compleja. Pero, aun en medio de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, resultaba inaplazable. No podíamos, resumió Díaz-Canel, seguir postergando esa transformación orientada a estimular el desarrollo y la participación articulada de todos los actores económicos.

Tomado de Cubadebate

Consejo de Ministros aprobó ajustes al Plan de la Economía de 2020 e indicaciones para 2021

Para dar una respuesta organizada, sin improvisaciones, a los efectos que la pandemia generada por la COVID-19 tendrá en el desarrollo inmediato de Cuba, el Consejo de Ministros aprobó ajustar el Plan de la Economía de este año, lo cual permitirá conducir el país de manera más objetiva y crear las condiciones para su recuperación.
En la reunión –encabezada por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz– también se dieron indicaciones para la elaboración del Plan y el Presupuesto para el año próximo, y se abordaron otros asuntos de impacto en la vida de la nación.
Según explicó el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, “es muy importante en este proceso de ajuste proteger las exportaciones, priorizar la producción nacional de alimentos, medicamentos y aseo; intensificar las medidas de ahorro de recursos de todo tipo, no solo los energéticos; y no paralizar la actividad productiva ni la comercialización de recursos básicos.

Después de detallar el plan de ingreso en divisas que tenía Cuba y las afectaciones provocadas por la pandemia en el turismo, los servicios aeroportuarios, las recaudaciones consulares, entre otras importantes actividades, Gil Fernández consideró que “ello obliga a un ajuste del Plan, sobre la base de la reducción de los gastos”.
No podemos hacer todo lo que teníamos previsto, subrayó, ni pretender que ninguna actividad económica se afecte. Tenemos obligatoriamente que posponer algunas, ralentizar el ritmo de otras y prepararnos para la recuperación.
Al respecto, destacó que este ajuste “no es para acomodar la economía al escenario actual, sino para reducir y eliminar gastos e imponernos al complejo contexto”.
Por tanto, agregó, no incluye la reducción de exportaciones en otros rubros de la economía cubana, como el tabaco, el ron, el carbón vegetal o los productos biotecnológicos, en los cuales hay que seguir creando reservas para cuando el mercado internacional se estabilice finalmente.
El también ministro de Economía y Planificación dio a conocer cerca de una treintena de premisas para ese ajuste del Plan, entre ellas potenciar la producción agropecuaria; destinar recursos materiales y financieros en divisas, preferencialmente, para las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz, boniato, huevos, carne de cerdo y ganado menor; priorizar la acuicultura y también la producción nacional de alimento animal.
A la par, precisó, se favorecerá la reubicación laboral y el trabajo a distancia; se regulará la venta de productos alimenticios y de aseo; y no se incrementarán precios.
Señaló que se trabaja para tener las menores afectaciones a los trabajadores y la población en general, pero las habrá, pues no se puede distribuir una riqueza que no se ha creado.
“Una economía con cero turismo y arreciamiento del bloqueo, no puede seguir trabajando normalmente y que nada pase. Hay que dar los argumentos con transparencia, para que todos nos unamos; ajustarse a la realidad e imponerse a ella con trabajo”.
Luego de un fructífero intercambio entre representantes de los organismos con más responsabilidad en este ajuste del Plan –el Ministerio de la Agricultura, el de Industrias y el de la Industria Alimentaria– el Primer Ministro destacó la vigencia del llamado hecho hace algunos años por el Primer Secretario del Partido Comunista, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, sobre el ingreso más seguro: el ahorro.
“Ante este impacto en toda la economía, hay que ahorrar cuanto podamos, ese es el elemento primario”, ratificó.

Consejo de Ministros de la República de Cuba valora la situación actual del país

MIRANDO HACIA EL 2021
La incertidumbre impuesta por la pandemia de la COVID-19 no ha permitido al país caminar con normalidad la senda habitual del proceso de elaboración del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para el año 2021.
En ese sentido, el Consejo de Ministros emitió en su sesión del mes de abril varias indicaciones para dar comienzo a ese importante paso, “porque aun en las condiciones excepcionales en las que se está trabajando, no podemos abandonar la planificación”.
Así explicó el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, quien afirmó además que “no se puede crear un vacío y, sin la manera tradicional de años anteriores, hemos acordado emitir un grupo de indicaciones por el Gobierno, para iniciar desde ya el proceso de elaboración del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado del 2021”.
Muchas de esas indicaciones, acotó, son continuidad de las medidas incorporadas en el ajuste del Plan de este año, y por ello siguen priorizando las exportaciones, las producciones nacionales, la zafra, el encadenamiento productivo del sector estatal con el no estatal y la inversión extranjera; así como las inversiones que forman parte de los sectores estratégicos.
También fomentan los proyectos de Desarrollo Local, con destino a la exportación, los encadenamientos productivos, la producción local de alimentos y la sustitución de importaciones, como instrumento esencial del desarrollo territorial.
En el caso del Presupuesto del Estado, se proyectará el déficit fiscal en correspondencia con los equilibrios macroeconómicos, a partir de impulsar los indicadores de eficiencia empresarial que generen más aportes; captar el potencial real de ingresos de todos los sectores de la economía, incluidas las formas de gestión no estatal; y mantener las restricciones de los gastos presupuestarios.

Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez

DÍAZ-CANEL: RESPONDER CON PENSAMIENTO DISTINTO
En 1875, decía el Apóstol de Cuba, José Martí, que “en prever está todo el arte de salvar”. Muchos años después, y bajo esa misma premisa, el Gobierno diseña las mejores maneras para salir de esta crisis, que es mundial e implica a todos.
En una amplia y profunda intervención ante los miembros del Consejo de Ministros, el Presidente Díaz-Canel ratificó que “en estas condiciones el Estado tiene que asumir la planificación y cada vez esta tiene que ser más inteligente y precisa”.
Qué está reclamando ahora este mundo neoliberal que ha estallado con la crisis, se preguntó el mandatario. Luego de reducir el Estado al mínimo, empieza a llamarlo. “¿Y cuáles han sido los países que mejor han soportado la crisis? En los que ha existido una intervención eficiente del Estado”.

Consejo de Ministros aprobó ajustes al Plan de la Economía de 2020 e indicaciones para 2021

Los paradigmas neo liberales, comentó, también están sufriendo un quebranto con todas estas cosas. “Nosotros, por eso, en estas condiciones, estamos en una situación mejor”.
Al valorar los pasos a seguir por la Mayor de las Antillas, el Jefe de Estado subrayó que hay que diseñar, ante todo, la etapa de recuperación: “Cómo nos vamos a ir abriendo en el turismo, cómo nos vamos a ir abriendo en los vuelos, desde qué países, con qué sectores; cómo vamos a ir abriendo las actividades económicas y sociales, en qué magnitud, con qué conceptos”.
Díaz-Canel indicó estudiar “qué experiencias de las que hemos vivido en estos meses de enfrentamiento a la pandemia nos han demostrado que tienen que quedarse para siempre… Y qué insuficiencias y vulnerabilidades se nos han expresado también en toda su dimensión en la batalla a la enfermedad”.
No podemos conformarnos, agregó, con el ajuste al Plan y la planificación para el 2021, porque estamos enfrentando una crisis mundial. En ese difícil contexto, aclaró, nosotros tenemos que salir con cosas distintas, y preparar una Estrategia de Desarrollo Económico y Social, donde se ratifique que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Díaz-Canel planteó la necesidad, por ejemplo, de dirigir el trabajo de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo en función de evaluar “cómo, de una manera más rápida, más decidida, más organizada, implementamos un grupo de cuestiones que están pendientes de implementación en la Conceptualización del Modelo Económico y Social”.
Entre esos elementos aún no puestos en marcha, mencionó algunas formas de gestión y propiedad; el redimensionamiento del sector empresarial y del privado; y la adecuada relación que debe haber entre ambos, de lo cual, apuntó, “tenemos buenas experiencias en estos momentos de la pandemia”.
“No se trata de improvisar, sino de introducir en los esquemas económicos y en las políticas de desarrollo, los nuevos actores y prácticas que han estado aprobadas en la Conceptualización, en los Lineamientos de la Política Económica y Social, y en las Bases del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030”.
Todo eso que hagamos ahora, dijo, nos va a conducir también en el camino hacia el próximo Congreso del Partido.
En medio de este problema, afirmó Díaz-Canel, es cuando más innovadores tenemos que ser, cuando más podemos avanzar en cuestiones postergadas. “Hay que tener valentía y tenemos que hacer cosas diferentes, haciendo lo mismo no vamos a resolverlo, ni vamos a avanzar más”.
El mandatario enumeró una larga lista de cuestiones que deben ser valoradas e incluidas en esa estrategia para atenuar los efectos de la actual crisis y que abarcan todos los sectores de la economía cubana. A la par, enfatizó el Jefe de Estado, hay que “mantener la justicia social, la equidad, las oportunidades sociales para los de menores ingresos y las políticas públicas, que ayuden a los más vulnerables”.

OTROS IMPORTANTES TEMAS EN AGENDA
En el encuentro, el Consejo de Ministros abordó otros asuntos de impacto en la actualidad cubana, que van más allá de la COVID-19 y comprenden aristas tan disímiles como la cultura, el empleo, el comercio electrónico, el ordenamiento urbanístico y la inversión extranjera.
Dentro de esa agenda, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, presentó la Política para la Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial de la Nación, la cual, dijo, actualiza una ley con más de 40 años de promulgada y se armoniza con las convenciones internacionales de la UNESCO.
La norma jurídica que implementará esta nueva política forma parte del Cronograma Legislativo aprobado para la presente legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En la reunión se conoció, igualmente, la asignación anticipada de graduados de la Educación Superior y de técnicos de nivel medio que terminan sus estudios en el 2021. Al respecto, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, explicó que la cifra de posibles titulados es de 51 mil 925 y hasta el momento tienen respuesta de empleo 46 mil 789. Al resto, aseguró, se le buscan opciones y al final todos tendrán un puesto de trabajo asegurado.
Con ellos, agregó, todavía no se satisface la demanda del país y es baja la disponibilidad de graduados universitarios en perfiles de Ingeniería Eléctrica, Arquitectura, Automática, Mecánica y Civil; así como los técnicos medios en Explotación del Transporte Ferroviario, Maquinaria Azucarera, entre otras especialidades.
Más adelante, correspondió al ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, exponer el comportamiento de la estrategia integral de exportación de bienes y servicios del país durante el 2019, en lo que constituyó el primer año de implementación y no alcanzó los resultados esperados, por factores externos como el bloqueo, e internos como la todavía limitada acción del empresariado.
Asimismo, Malmierca Díaz detalló otro informe acerca del desarrollo de la inversión extranjera, los créditos externos y las exportaciones en las organizaciones superiores de Dirección Empresarial, atendidas por el Ministro de Energía y Minas, cuyo organismo tiene experiencia en estos temas, genera importantes ingresos a la economía cubana y cuenta con potencialidades para diversificar su oferta exportable.
Por su parte, la Contralora General, Gladys Bejerano Portela, informó sobre un estudio del comportamiento de indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa en el año 2019, tema al que el país sigue prestando toda atención.
Los miembros del Consejo de Ministros conocieron además de los trabajos que se realizan para la informatización del Comercio Interior, actividad que en el contexto de la pandemia ha evidenciado sus fisuras, pero sobre todo su importancia.
Del mismo modo, debatieron sobre el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas durante el 2019, asunto que avanza, pero no se erradica de raíz el problema. Esas violaciones urbanas, afirmó Marrero Cruz, ocurren a la vista de todos, “ello es señal de que no ha habido un sistema de vigilancia en las comunidades, ni por parte de intendentes y gobernadores”.
Este es un tema que tenemos que resolver ya, indicó, por el impacto económico y político que supone para nuestro país.
La manera de echar este combate, aseguró, debe cambiar, tenemos que buscar y exigir un mayor resultado; que no se nos envejezcan las ilegalidades urbanísticas y que no surjan otras nuevas. Para eso hay que modificar los métodos, concluyó.

Tomado del periódico Granma

Gobierno de Contramaestre asume nuevos retos

El gobierno de Contramaestre asume nuevos retos en este 2020, para responder con creces a los principales ejes estratégicos de desarrollo referidos por el presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz Canel.

A decir de Díaz Canel, la prioridad para la nueva etapa ha de centrarse en la economía acompañada de una demostrada capacidad de eficiencia. De ahí, que la administración de Contramaestre centre los esfuerzos individuales y colectivos para potenciar el cumplimiento de los indicadores económicos, en el incremento de la sustitución de importaciones y en la debida ejecución del presupuesto.

Gobierno de Contramaestre en la administración local

En este asunto, la Administración Local proyecta trabajar por el cumplimiento de los indicadores económicos con una fiscalización intencionada a los niveles de productividad de las empresas y en la comercialización de los alimentos para contribuir a la seguridad alimentaria. La entrega a los pobladores de unas 30 libras, entre viandas, granos, hortalizas y frutas es la meta.

Como objetivos del gobierno de Contramaestre a materializar en el 2020 destacan también, un despegue en los proyectos de desarrollo local y programa inversionista, con énfasis en el fondo habitacional. Todo en función del bienestar social de los más de 106 mil habitantes.

Al calor de las metas trazadas en el orden gubernamental, la dirección del Órgano de la Administración Municipal se apresta a ser partícipe de los análisis y debates que caracterizarán la discusión y aprobación del plan de la economía y presupuesto 2020, en los más de 700 escenarios sindicales conque cuenta esta jurisdicción.

Trabajadores de Contramaestre por una mejor economía

El proceso de elaboración del  proyecto del plan de la economía para el 2020 en los diferentes sectores inició en Contramaestre con el desarrollo de un seminario de capacitación impartido por parte de la dirección de Economía y Planificación municipal.

Dirigentes sindicales y administrativos asistieron a la preparación sobre La planificación objetiva de planes económicos reales que partan desde la base, según argumentó Leticia Cano Suárez miembro del secretariado profesional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio.

El conocimiento de las problemáticas actuales de cada sector será uno de los aspectos a tener en cuenta en este período para la elaboración del plan económico. Cano Suárez señaló que en ocasiones dichos planes vienen impuestos por los organismo de direcciones provinciales y no tienen en cuenta las condiciones y las características técnicas – organizativas que poseen los colectivos laborales.

De esta manera se cumple con lo planteado por el presidente de los Consejos de Estados y de Ministros de utilizar eficientemente todas las reservas que tenemos.

Es por ello que el movimiento obrero de Contramaestre en conjunto con los diferentes sindicatos convocó a que cada centro laboral revise los inventarios ociosos y de lento movimiento. Según aseguró la representante sindical si cuando vamos a planificar compramos recursos ociosos que tenemos en el almacén, no van a tener venta y ese elemento va incidir en el salario del trabajador.

Por tal razón en las asambleas de afiliados efectuadas en el mes de junio se analizó este importante aspecto con los trabajadores tanto en las entidades del sistema empresarial como el sector presupuestado.

La dirigente obrera señaló además que todos tenemos conocimientos acerca de la situación económica por la que transita nuestro país. Utilizar de manera eficiente lo que realmente necesitamos será uno de los grandes retos del proletariado en Contramaestre en el próximo período. Planificación económica que sustituirá todas aquellas importaciones innecesarias.

En esta tarea los dirigentes administrativos con su aparato económico desempeñan un importante papel en cuanto a la realización de un análisis minucioso de los recursos que necesita cada sector para las diversas producciones. Como argumentara Leticia Cano Suárez, no se trata de disminuir los planes sino de crecer con lo que hoy tenemos.

Por su parte la dirección municipal de Economía y Planificación informó que actualmente muy pocas entidades se planifican el presupuesto para la defensa, especialmente para las referidas a eventos natural, y si no se tiene en cuenta en ese presupuesto, pues repercute en la remuneración de los obreros.

 

Gobierno de Contramaestre define objetivos de trabajo

El gobierno de Contramaestre definió sus principales objetivos de trabajo para este 2019. En función de responder a la actualización del modelo de desarrollo económico y social, como solicitó el presidente de los Consejos de Estado y de Ministro, Miguel Mario Díaz Canel en la clausura del Segundo período ordinario de sesiones del Parlamento Cubano.

Suman cerca de una decena las prioridades planteadas por el gobierno local. Para centrar la mirada en función del cumplimiento de los planes económicos productivos y de la ejecución del presupuesto fijado para la nueva etapa. Independientemente de las limitaciones latentes en diversos ámbitos del escenario económico interno.

Figuran además como objetivos para el 2019 el de trabajar por revertir las opiniones negativas sobre la labor del delegado y reforzar la confianza del pueblo en el sistema político cubano. Así como continuar perfeccionando al poder popular y ampliar los mecanismos de participación de los habitantes en las actividades gubernamentales.

A estos propósitos se suman la necesidad de lograr una mayor efectividad en la aplicación de la política de cuadros para los cargos electivos y designados. Renovar sus estilos de trabajo y contrarrestar las acciones de subversión del enemigo, el delito, la corrupción e indisciplinas sociales. Trabajo con el fin de  que impere el orden y la tranquilidad ciudadana en el pueblo de Contramaestre.