No pasa un mes desde el inicio de la Tarea Ordenamiento y el tema de los nuevos precios se roba el disparo de salida. Desde los más mediáticos hasta los menos visibles, cada nuevo anuncio despierta la curiosidad popular y los debates más acalorados. De una esquina a otra las preguntas cambian al instante y van desde la exageración de algunos hasta la exactitud de otros. Es un intercambio enriquecedor y necesario.

A raíz de esos criterios el Estado ha rectificado las tarifas en más de un producto o servicio, en un ejercicio de análisis colectivo esencial para solucionar desviaciones en pos del bienestar común. De hecho, justo ahora otro grupo de precios igualmente se encuentran bajo estudio luego de nuevas alertas sobre incongruencias o excesos.

Proceso transversal tanto para la economía privada como nacional, la formación de precios, la justeza de los establecidos, y sobre todo la corrección de los fallidos, implica una tarea impostergable en pos del éxito de las reformas. Y en tal sentido, continuar las alertas ante lo mal hecho y exigir por una implementación útil de lo dispuesto, se mantienen como pilares de un asunto con mucha historia por contar.

Desviaciones y dudas a tres semanas de la arrancada

Aunque pasan las diez de la mañana, en el portal de uno de los establecimientos dedicados a la venta de productos marinos en Santa Clara apenas existen personas. Recostada al muro que separa el lugar de la acera, Rosa Martínez espera el camión de la mercancía junto a otras dos mujeres. Tiene alrededor de 45 años y en su mirada combina incredulidad y molestia. “Antes aquí debías amanecer para coger algo —dice mientras señala a su alrededor—, pero desde el aumento de precios casi no viene nadie”.

A pocos kilómetros de allí, a Edgardo Rubio le ocurre algo similar. Adaptado a merendar en una cafetería cercana a su centro de trabajo, este ingeniero automático ahora ve con asombro cómo debe pagar 25 pesos por el mismo sándwich que tantas veces le salvó el día por mucho menos. Tiene el mismo tamaño y sabe igual, pero desde los primeros días de enero él le encuentra un gusto diferente.

“Sabíamos que con el ordenamiento una gran cantidad de precios iban a subir. El país lo anunció y es lógico que sea así, pero muchos nos hemos sorprendido con el incremento tanto en el sector estatal como en el privado. A veces son saltos chocantes, sobre todo en los productos que antes comprábamos a muy bajo costo. Sin embargo, hay otros que ya tenían precios sin subsidios y ahora también crecieron, para muchos exageradamente. En esos están los principales problemas”, valora.
Del tema existen cientos de ejemplos en todo el país. En las páginas de Cubadebate nuestros lectores han dejado algunos: mantequilla a 225 pesos, queso fundido a 55, pasajes en coches tirados por caballos a 40, una libra de carne de cerdo en 80, un paquete de mantecados a 350 o una col en 37. Esos incrementos, junto a otros más “populares”, como el costo del helado en el Coppelia habanero, la tarifa de electricidad o el precio de una bola de pan, aun generan debates en cada hogar.

Para Heriberto Muñoz, un profesor de preuniversitario con más de 30 años de experiencia, resulta muy favorable que más de mil productos —de los mercados Ideal y de las cadenas de tiendas en CUC, algunos alimentos liberados, materiales de la construcción y medicamentos para enfermedades crónicas o de larga data— no aumentaron sus precios. Para él, en cambio, la polémica parte del cálculo sobre la cantidad de veces que sí creció el costo de otros y su comparación con el incremento salarial.

“Los sueldos aumentaron una media de 4.9 veces, pero en varios productos y servicios hemos visto ascensos mucho mayores. Hace muy poco, por ejemplo, pagué 36 pesos por una pizza que antes costaba cinco, y eso significa un alza seis veces superior. Si eso ocurre en el sector estatal, imagínese qué sucederá en buena parte del privado, desde hace años adaptado a violar los precios topados y que muchas veces compra en mercados del Estado para luego revender”, apunta.
La reflexión del veterano docente coincide con la de Marlén Pérez, una ama de casa de poco más de 35 años. No obstante, ella le incorpora otro asunto llevado y traído desde el anuncio de los nuevos precios: la calidad. Según dice, resulta contraproducente que solo crezcan los costos y no exista una mejoría en las ofertas y los servicios.

Aunque a su razonamiento no le falta verdad, analizar el asunto implica partir de otro punto: esos problemas, junto a la atención al consumidor y al interés por un servicio óptimo en decenas de puntos de venta, existen desde mucho antes de la Tarea Ordenamiento. Asimismo, no tienen que ver solo con los costos, sino también con la exigencia de las administraciones, la responsabilidad en el trabajo y el respeto a los clientes. Ahora el nuevo escenario solo los hace menos tolerables.

Justo por eso un hombre como Ariel Ramírez, jubilado hace poco más de tres años, no entiende por qué los encargados de algunos puntos de venta reciben los productos incluso cuando no tienen la calidad suficiente. Tampoco comprende la subida de los costos en ciertos trámites jurídicos o para entrar a espectáculos culturales o deportivos. También le causan dudas el ascenso de los precios en actividades relacionadas con la prestación de servicios de mano de obra, en sus esencias independientes del costo de las materias primas.

“Soldar un cable de una hornilla eléctrica en uno de los talleres estatales —asegura— subió más de seis veces, y no hay manera de justificar ese crecimiento”. Como él, otras muchas personas tampoco comprenden por qué en la aplicación de las nuevas tarifas aun se evidencia falta de estudio de mercado, escasa relación entre los precios y la utilidad de los productos, así como una aplicación de lo dispuesto que en ocasiones no analiza las particularidades de cada caso.

El ejemplo lamentable lo ponen los medibuses en Villa Clara, esenciales para las decenas de pacientes y acompañantes que cada día se mueven desde todos los municipios del territorio hasta los hospitales de la cabecera provincial. Los nuevos precios no dejan mucha preocupación para quienes viajan de forma eventual y más de uno agradece la seguridad de contar con ese servicio. Sin embargo, para los pacientes oncológicos —con varias sesiones de radioterapia o quimioterapia cada semana— la cuenta sencillamente no da.

Bien lo sabe Maritza Romero, una corralillense de 63 años que desde hace dos meses viaja a diario hasta Santa Clara para acompañar a su esposo en la lucha contra un cáncer de garganta. Con la nueva tarifa cada día deben pagar 48 pesos por cada uno para ir y regresar, o lo que es igual, 480 pesos semanales, 1920 en un mes.

“Soy jubilada y él no trabaja, así que a la casa solo entra mi chequera de 1528 pesos. Renunciamos a comprar la leche y el pan solo para poder venir aquí. Mi marido lleva siete meses sin cobrar y aunque le hicieron los papeles para la asistencia social aun no hemos recibido nada”, asegura con no poco pesar.

Juan Carlos Ferriol, subdirector de la Empresa Provincial de Transporte en Villa Clara, explica que el servicio de medibús se considera transporte interurbano y por tanto funciona con la tarifa establecida para esa modalidad. Así, como si fuera igual ir a un hospital a salvar la vida que viajar a un paseo. No obstante, reconoce la eliminación del cobro de la estadía y la obtención de una ganancia mínima como beneficios del nuevo precio.

Lo contraproducente del asunto es que justo mientras él expone los porqués y tanto pacientes como acompañantes aguardan una solución, frente al mismo hospital donde se atiende el esposo de Maritza, un ómnibus que cada día llega desde Sancti Spíritus espera por sus pasajeros, no les cobra a los enfermos e incluso les garantiza merienda. Félix González Gutiérrez, el chofer, explica que el pago lo asume la dirección de salud de esa provincia.

Mientras el país se reacomoda para enfrentar los retos del ordenamiento y destina 700 millones de pesos para atender a personas vulnerables, enmendar a tiempo desviaciones como estas y corregir tarifas exageradas implica desplazar la burocracia y los análisis absolutos. Y al interior del sistema empresarial, presupuestado y en negocios privados, significa también comprender los esquemas de formación de precios y aplicarlos con exactitud y mesura.

Tanto administradores como economistas y directores de empresas coinciden en un punto a la hora de hablar sobre el aumento de los precios: el alza del costo de las materias primas y otros insumos en los mercados mayoristas. El fenómeno no significa una sorpresa y forma parte del escenario esperado durante la implementación de la Tarea Ordenamiento, pero como casi siempre sucede, la realidad supera a lo planificado.

De hecho, en su intervención en la Mesa Redonda del 15 de diciembre de 2020, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, explicó que el país centralizó una nomenclatura de 42 productos y servicios de carácter transversal y de alto impacto. El objetivo de la medida radica en evitar crecimientos exagerados de precios y el desplazamiento de esos aumentos al comercio minorista. No obstante, el impacto se ha hecho sentir.

Para Raúl Espinosa Barrera, administrador de la pizzería El Pullman, ascensos como el del valor de la harina de trigo —desde 8.80 hasta 105 pesos el kilogramo —, o el del queso —de los 9 pesos hasta más de cien—, complejizan el panorama a la hora de establecer la oferta. “Con nosotros no se consultó para fijar cuánto pagarían los clientes por cada producto”, comenta. Además, explica que trabajan por normas técnicas y no por ficha de costo. Por tanto, si la materia prima no cambió es imposible una mejoría en la calidad.

En medio de este panorama, Antonio Yoel Martínez Ramírez, director de ventas y servicios gastronómicos del Grupo Empresarial del Comercio en Villa Clara, recuerda que las entidades deben obtener ingresos para formar el salario de sus trabajadores, así como para solventar otros gastos propios de su gestión.

En esencia, si los cálculos toman como base los altos precios mayoristas, ese ascenso se desplaza por toda la cadena. No obstante, explica que la estrategia a seguir consiste en mantener las utilidades en un rango entre un seis y un diez por ciento, para tratar de ser lo más justos posibles y no afectar en exceso a la población.

Aun así, uno de los habituales chequeos del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba sobre estos temas detectó que la mayoría de las entidades visitadas fijaron nuevos precios después de multiplicar los antiguos por el mayor índice permitido por el Ministerio de Finanzas y Precios. Es una práctica ideal para cubrir ineficiencias en la gestión y trasladarlas al bolsillo ciudadano.

Mientras tanto, un dato propiciado por Eduardo Martín, especialista de precios del Grupo Empresarial del Comercio, descubre otro problema importante. Hasta hace diez días, el valor de una hamburguesa era de cinco pesos, pero podía subir a 13 si la empresa mayorista comenzaba a vender una harina más óptima. Es como si calidad y los precios justos estuviesen reñidos.

En el sector privado los inconvenientes no son menores. De acuerdo a los importes máximos anunciados por el Gobierno provincial, una pizza napolitana en un restaurante italiano estatal de tercera categoría asciende a 30 pesos. Sin embargo, para el cuentapropismo el tope de ese mismo producto se ubica diez pesos por debajo. Incongruencias como esas, junto a los problemas de acaparamiento, reventa y otras ilegalidades propiciadas por el descontrol, confluyen también para disparar los precios.

Un estudio realizado por el economista Migdonio Carlos Menéndez, desde hace diez años al frente de un pequeño negocio como tenedor de libros contables, arroja más luces al asunto. Él centró su mirada en un grupo de 31 productos con precios topados por el Consejo de la Administración Municipal de Caibarién y llegó a una conclusión increíble: los límites fijados a 27 de ellos causan pérdidas en los trabajadores por cuenta propia. En los cuatro que reportan ganancias, la mayor apenas pasa de los dos pesos.

La otra cara de la moneda aparece en quienes sí obtienen utilidades por sus ventas y aun así no saben otra cosa que aumentar las tarifas. El fenómeno tampoco es nuevo y golpea con inusual fuerza en los productos agropecuarios y otros de la alimentación. En algunos como los de aseo y menajes de casa de origen industrial —para los cuales no existen licencias aprobadas pero que existen a ojos vista en las conocidas candongas de Santa Clara— los incrementos son aun mayores.

Juan Alberto Martínez, titular de una cafetería en Santa Clara, explica la lógica del incremento en el sector privado en dos direcciones. La primera, porque muchos productos son adquiridos en las redes de tiendas minoristas con los nuevos precios; la segunda, porque ante al alza generalizada, quedarse con los precios antiguos implica un menor poder adquisitivo para comprar lo que venden otros.

Frente a un escenario así, marcado además por las limitaciones en la oferta, toca aumentar el control para evitar la especulación y el oportunismo, pero también la eficiencia y la integralidad a la hora de implementar precios justos y razonables para todos. No frenar las potencialidades de comercios y empresas, y volcarlas hacia un sector amplio de la población, debería fortalecerse como el camino a seguir.

Paso uno: Control popular y administrativo

¿Cómo controlar el aumento exagerado de los precios? ¿Puede el Estado hacerlo únicamente con mecanismos administrativos? Solo esas dos preguntas mueven el debate en cualquier conversación al respecto. Marino Murillo aclaró una parte de la estrategia durante una de sus intervenciones en la Mesa Redonda: combatir el alza injustificada con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores.

Para ello, se les han dado amplias facultades a los Gobiernos locales para topar y mover tarifas en dependencia de las situaciones particulares de sus territorios. No obstante, sí existen un grupo de precios centralizados establecidos de forma similar para todo el país. Para unos y otros, el control popular y de las instituciones encargadas de hacerlo resulta fundamental.

Según Meisi Bolaños Weiss, titular de Finanzas y Precios en la Isla, en los primeros trece días de enero ese ministerio recibió 497 comunicaciones de la población, pero solamente 78 consistían en denuncias directas. A todas luces, la cifra es demasiado baja en medio de un contexto con innumerables cuestionamientos respecto a la aplicación de las normas aplicadas.

Asimismo, el Ministerio de Comercio Interior reporta más de 52 mil 600 inspecciones desde el anuncio de la Tarea Ordenamiento y el 13 de enero último. En el 47 % de ellas apareció algún tipo de violación, sobre todo en los mercados de productos agropecuarios. El 39 % de las contravenciones aparecen en el sector estatal, mientras que el resto ocurrió entre los cuentapropistas.

De acuerdo a Irail Trujillo Álvarez, máximo responsable de la Dirección Integral de Supervisión en Villa Clara, la tendencia en los primeros 15 días de enero estuvo en la desinformación a los consumidores, las afectaciones económicas a las entidades estatales, los engaños y la no existencia en los establecimientos comerciales de los listados de precios oficiales. No obstante, su cuerpo de inspectores apenas recibió 14 denuncias, menos de una por día.

Según reportes de prensa, en otros territorios como La Habana y Guantánamo la situación se comporta de forma similar, aunque entre las infracciones se suma también la alteración en los equipos de pesaje. Entre las medidas tomadas en todo el país, sobresalen el retiro de más de 600 licencias y unos 750 decomisos de productos. Es un buen inicio para frenar el alza descabellada de precios, pero por sí solo no basta.

Junto al control popular, la exigencia de los Gobiernos locales y la honestidad del cuerpo de inspectores —solo Villa Clara ya ha expulsado 25 de ellos por recibir sobornos o convertirse en cómplices de los vendedores—, también es clave garantizar mayores producciones. Afortunadamente, es uno de los objetivos incuestionables del ordenamiento en Cuba.

“Crecen los precios y los costos —decía hace muy poco en televisión la ministra de Finanzas de Precios—, pero los tenemos que aplicar correctamente. Crecen los gastos asociados y por tanto hay transformación en los resultados económicos de las empresas, pero entonces también tiene que haber transformaciones en cómo hacemos las cosas y, en función de ello, diseñar mayor eficiencia y productividad, que es en definitiva lo que nos generará mayor riqueza y bienestar, a mediano plazo”.

La Tarea Ordenamiento es todavía joven en Cuba y tiene un largo camino por recorrer. Sortear con éxito la implementación de los nuevos precios, comprender su necesidad y enmendar los errores surgidos por desconocimiento, malas lecturas o violaciones a lo dispuesto, surge como un asunto impostergable. Mantener la escucha al pueblo, defender a toda costa la protección a los más vulnerables y fortalecer el sistema empresarial sin echar sobre los hombros de otros sus ineficiencias acumuladas, he ahí la puerta del éxito.

Tomado de Cubadebate