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Contramaestre confirmó que Cuba vive

El pueblo de Contramaestre se vistió de nuevo de verde olivo y desarrolló con entusiasmo y dedicación las dos jornadas del Día Nacional de la Defensa. En este territorio, los ejercicios principales se concentraron en la demarcación de Maffo–Moscú, cuyos habitantes de todas las edades confirmaron que Cuba vive en paz, pero alerta a los intentos de subvertir el orden interior y la tranquilidad ciudadana.

Autoridades del Consejo de Defensa Municipal, encabezados por su Presidente, José Ángel Labrada Castillo, recorrieron la amplia geografía de Maffo durante la mañana de este sábado e intercambiaron animadamente con su población, con los estudiantes de el Preuniversitario Antimonio Santiguo García y los pioneritos de escuelas primarias que asistieron a las actividades de preparación para la defensa de la patria.

Contramaestre prepara a entidades económicas para la defensa

Decenas de entidades económicos se incorporaron también a la preparación de sus colectivos laborales para impulsar tareas que precisan de multiplicar esfuerzos en medio de las carencias actuales de nación cubanas, y entre ellas se destacó la Empresa de Beneficio de Café para la Exportación Rolando Ayub Elías.

Las entidades que se integran al dispositivo de defensa municipal desarrollaron actividades de atención a presuntos heridos por bombardeos, demostraron como se aplican las técnicas de la medicina natural y la acupuntura en condiciones de campaña y mostraron ejemplos de producciones alimentarias sobre la base de la harina de yuca y boniato.

El intercambio del Presidente del Consejo de Defensa Municipal en Contramaestre con estudiantes y profesores de instalaciones educacionales de Maffo–Moscú abarcó la necesidad de fortalecer el debate en torno a la historia de la localidad y de Cuba, sobre la vida de los mártires de la patria y la urgencia de fortalecer los valores que deben caracterizar a un joven cubano que ame a su país.

 

Estudiantado cubano tras la ruta creíble de Mella

Con asombro Julio Antonio Mella mira al estudiantado cubano en plazas y edificios universitarios, y hasta sonríe al ver a sus semejantes tras la continuidad revolucionaria. El líder estudiantil reconoce que, aunque su vida en torbellino no fue en vano, su despedida adelantada, nutre aptitudes y saberes.

Con orgullo Mella comprende que valió la pena sacar de las garras de la injusticia y la violencia la sabiduría que alimenta a los estudiantes; que aprender es la oportunidad más valiosa para salvar la Patria y perseguir los sueños; que la vida es eso, continuar el viaje para pertrecharnos de armas ideológicas y pensamientos positivos camino al progreso hasta el día del último adiós.

Por esa pasión revolucionaria Mella legó al estudiantado cubano que la educación significa emancipación, libertad; significa elevar el alma a la gloriosa luz de la verdad, la luz por la cual sólo los hombres y mujeres pueden ser liberados. Inspirados en el ejemplo de Mella, los estudiantes que se cultivan en las secundarias, pre-universitarios y universidades, reanudan sus retos con voluntad y determinación, tras el impacto de una pandemia, para continuar siendo libres y aportando al proyecto social cubano.

El estudiantado en la defensa de la Patria

Con la convicción de que después de muertos somos útiles, que nada de nuestra obra se pierde, el estudiantado de la nación sabe a conciencia que a esta Cuba hay que defenderla para consolidar aun más la obra revolucionaria, para que la República se mantenga de sí, antes que ser esclavos de nadie.

Frente a las pretensiones mercenarias de arrebatar nuestra independencia y soberanía, los estudiantes de Cuba saben dónde están y hacia dónde van, aunque puedan existir algunos confundidos; saben que con el enemigo no puede haber pacto, ni rendición, ni derrota, que la virtud está en defender la Patria arropada de héroes inclaudicables.

Hoy cuando los ensayos del imperio han quedado en el vacío, Mella continúa mirando con asombro y orgullo al estudiantado de su tierra, al conocer que tienen una hoja de ruta creíble, avalada por el arrojo y la valentía de una Revolución socialista.

Los historiadores de Cuba defenderemos su soberanía

A raíz de los anuncios del enemigo de Cuba sobre una movilización contrarrevolucionaria prevista para este 15 de noviembre con el propósito de subvertir el orden y la tranquilidad ciudadana, la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) emitió una declaración donde sus miembros condena abiertamente las maniobras de la CIA y el gobierno de los EEUU que incluye el financiamiento y apoyo, a través de los grandes medios de que disponen, para crear una imagen de desestabilización social inexistente realmente en el país, y socavar la soberanía de la nación.

La UNHIC expresa su apoyo incondicional a las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su intervención de clausura del séptimo periodo ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “Los derechos no son ilimitados, sus límites están previstos también en la Constitución: son los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y las leyes”.

Mantener la soberanía, tarea de primer orden

Tal y como hacen las demás organizaciones y asociaciones civiles de la sociedad cubana, la UNHIC se suma al pueblo en la defensa de sus legítimos derechos de mantener la soberanía y la dignidad de la patria que se nos entregó el primero de enero de 1959, sin yugo opresor, independiente, libre, con la elección propia del camino que recorreríamos salvando todos los obstáculos que aparecerían con el decursar del tiempo como lo dejó claro Fidel Castro cuando dijo en su discurso en Santiago de Cuba el 1ro de enero de 1959: “La Revolución empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil, la Revolución será una empresa dura y llena de peligros…”

Nadie nos arrebatará la nación libre que nos entregaron la pasaremos con su soberanía e independencia de generación en generación como los corredores de relevo, sin dejar caer el bastón y siempre llegar a la meta victoriosos.

Patria o Muerte por la vida

“Tenemos Patria y defendemos la vida y seguimos siendo de Patria o Muerte“. Con esta frase expresada por nuestro Presidente Miguel Díaz Canel, concluyó el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, frase que según consideraciones periodísticas merece una atinada reflexión en los nuevos tiempos.

La construcción simbólica, ratifica el sentimiento de cubanas y cubanos con las raíces históricas de la nación, apegada a ese amor imperecedero por la vida, en que la Patria es esencia, fundada en una acumulación de valores.

De ahí que la justicia, la dignidad y la libertad son virtudes que engrandecen a la Patria revolucionaria, defendida desde Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868; otros héroes, hasta el enero victorioso, etapa donde comienza un gigantesco proceso a favor de la verdadera existencia de todo el pueblo.

La campaña de Alfabetización fue vida para miles de analfabetos sumidos en la ignorancia. En Girón se combatió por conservar la vida con más educación, cultura e independencia.

La edificación de Consultorios médicos de la familia en todo el país, devino en más calidad de vida para niños, embarazadas, adultos mayores, personas vulnerables.

Por derecho a la vida, se construyeron universidades para hacer hombres y mujeres verdaderamente cultos en defensa del progreso social; se ejecutaron grandes fábricas e industrias para garantizar producción de bienes y servicios.

Por derecho a la vida en un modelo socialista inclusivo, la familia cubana goza de tranquilidad, de paz, de seguridad, de respeto; ingredientes que nos hacen más felices, pese a las adversidades y tropiezos.

Por derecho a la vida, científicos y personal de la salud, desafían una pandemia inesperada para salvar a los hijos del terruño, para ofrecer ayuda solidaria a otras naciones del planeta necesitadas de una urgencia sanitaria.

Por esa Patria soñada y conquistada, de amor a la vida, Cuba rechaza la intención de estrangular la economía nacional; la subversión; la creación de campañas política-comunicacionales en redes sociales con el interés de provocar desestabilización e imponer un cambio de sistema.

Por esa Patria soñada por Martí y conquistada por Fidel, Cuba defiende el ejercicio de la soberanía y de la Ley. Por tanto esas agresiones que se proponen para socavar nuestra independencia y destruir el orden Constitucional, la Revolución y el Socialismo, nunca tendrán respaldo alguno.

Por tal razón, es venerable nuestro “Patria o Muerte por la vida”, que significa morir por la dignidad de la nación, con la certeza de que venceremos.

Recuerdan en Contramaestre creación del Sindicato Nacional civiles de la Defensa

Cinco décadas de fundado cumple este 19 de septiembre el Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa (SNTCD), afiliación que agrupa en el suroriental municipio de Contramaestre a cuatrocientos sesenta y tres sindicalistas.

Estos abnegados proletarios, desde los inicios de la lucha contra la Covid-19, han cumplido y apoyado las más diversas misiones que respaldan esta batalla por la vida.

Los hombres y mujeres de este importante sindicato, desde los más diversos frentes económicos demuestran su integridad y lealtad, han mostrado las más altas cualidades que caracterizaron al combatiente de la Sierra Maestra Emilio Bárcenas, mártir del sector, y quien fuese integrante de la columna Frank País García, comandada por Raúl Castro.

Los contramaestrenses de este gremio han dicho presente ante el llamado del movimiento obrero de apoyar la producción de alimentos tarea vital que garantiza la sostenibilidad alimentaria de nuestro pueblo. Donaciones de sangre, trabajos voluntarios entre otras actividades, han ocupado el quehacer diario de estos afiliados. Estas tareas que también han formado parte del funcionamiento de cada sección sindical del sector lo cual le ha permitido un mejor dinamismo al movimiento obrero.

Los miembros del Sindicato Nacional de Civiles de la Defensa de Contramaestre , ante la actual situación económica que transita la isla debido a los efectos de la pandemia de la Covid-19 y del genocida bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano, han dicho sí ante las más diversas tareas a ellos destinadas.

Procesos penales continúan con apego a las garantías

Aunque siguen en curso los procesos penales sobre los hechos de mayor gravedad, asociados a los disturbios de julio pasado, los tribunales municipales han continuado el procesamiento, hasta la fecha, de aquellos delitos de menor entidad, donde la sanción privativa de libertad puede llegar hasta un año o multas de hasta 300 cuotas.

Así lo informó este miércoles Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular (TSP), quien aclaró que, en el caso de las multas, las cuotas pueden ser de hasta 50 pesos, lo que implica que puedan alcanzar cifras de 15 000 pesos aproximadamente.

«Los procesos en los que se investigan los actos más agresivos, violentos y dañinos todavía no han entrado a los tribunales», señaló, al tiempo que informó sobre la radicación, hasta el momento, de 23 causas vinculadas a los sucesos, en las cuales han sido juzgados 67 acusados. En cuanto a la tipicidad delictiva predominante, dijo que continúa siendo el desorden público, con 58 implicados, si bien existen otras como resistencia y daños.

El Director de Supervisión y Atención a la Población del TSP reiteró que, en estos procesos, la Ley de Procedimiento Penal prevé las garantías que han de cumplir y que han honrado, como de costumbre, los tribunales en el desarrollo de los actos judiciales, entre las cuales figuran: el derecho a aportar pruebas, tanto por parte del denunciante como del acusado, comparecer este último con un abogado de su elección, declarar o abstenerse de hacerlo, así como el derecho a establecer recursos.

Sobre el derecho a la defensa, específicamente, el magistrado reiteró que, «al tratarse de procesos tramitados por los tribunales municipales, cuyo marco sancionador es hasta un año de privación de libertad, la decisión de comparecer al acto del juicio oral con abogado corresponde al propio acusado. De hecho, 23 de ellos tuvieron asistencia letrada».

De los juzgados, uno resultó absuelto y 45 establecieron recurso de apelación, a partir de inconformidades con las sanciones impuestas, y de considerar que sus conductas no eras constitutivas de delitos. De ellos, 42 han designado abogados para que los representen en este acto, en el cual, entre otras garantías, se pueden aportar pruebas nuevamente.

Según Joselín Sánchez, «se han resuelto los recursos de apelación interpuestos por 32 de los sancionados, y 11 casos se han declarado con lugar, por lo que fue modificada la sanción originalmente impuesta, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de participación demostrado, las características personales y la juventud de algunos.

En estos casos, agregó, se han impuesto, mayoritariamente, sanciones subsidiarias de la privativa de libertad, combinadas con multas. Se trata, a su juicio, de un verdadero proceso de individualización, en correspondencia con la probada responsabilidad en los hechos imputados y sus condiciones personales.

Recalcó, además, que en Cuba no ha sido sancionado penalmente por los tribunales ningún acusado menor de 16 años, edad en la que en nuestro país se adquiere la responsabilidad penal. En ese sentido, mencionó que es la misma establecida en otros países como Portugal, e incluso existen otras naciones, donde es menor la edad, como Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia.

El magistrado dio a conocer que a 27 acusados, sancionados con anterioridad a estos hechos por otras causas, y que cumplían penas subsidiarias de la privativa de libertad (libertad controlada), o se encontraban en libertad condicional, les fueron revocadas las mismas, luego de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones correspondientes a dicho tipo de sanción o beneficio. No obstante, estas personas tuvieron derecho a establecer recurso de súplica contra la decisión del tribunal.

Sánchez Hidalgo comentó que, se han presentado 61 hábeas corpus, de los cuales 59 han sido resueltos, todos sin lugar, tras confirmarse la inexistencia de privaciones de libertad con vulneración de lo establecido en la ley. Además, destacó que contra tales resoluciones denegatorias solo un acusado estableció recurso.

GARANTÍAS EN LOS PROCESOS PENALES

Amparados por sus funciones constitucionales y, sobre todo, por los principios y valores que distinguen el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR), los profesionales de este órgano han mantenido un seguimiento constante y pormenorizado de los procesos penales en general y, en particular, de los asociados a los disturbios recientes.

Es una premisa, al decir de Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la FGR, la observancia de las garantías del debido proceso, lo que conlleva a evaluar minuciosamente las investigaciones.

Enfatizó en que, para Cuba, como para cualquier otro país, en las severas condiciones que impone la pandemia, es perfectamente entendible la gravedad de los desórdenes ocurridos, y la necesidad de agotar las investigaciones, en aras de determinar los actos de promoción, organización, financiamiento y dirección de los hechos, desde aquí e incluso desde el exterior, que buscaron quebrantar el orden interno y desestabilizar el país.

De acuerdo con Mederos Torres, hoy continúa la tramitación de los procesos investigativos sobre hechos de mayor connotación, en los cuales se pusieron de manifiesto actos de violencia contra personas, autoridades y bienes, y en los que se han dispuesto medidas cautelares de fianza, reclusión domiciliaria y prisión provisional. De estos procesos, afirmó, «ya se concluyó un grupo en la actualidad, en los cuales la Fiscalía evalúa las decisiones procesales a adoptar, y el resto está próximo a su terminación».

Añadió que se mantiene la revisión de las medidas cautelares, en aras de reservar la prisión provisional para los autores directos de los hechos vandálicos. Asimismo, en los casos donde se cumplen los requisitos establecidos en la ley, se adoptan decisiones de imponer multas administrativas, según el artículo 8.3 del Código Penal.

Es una obligación, al decir de la fiscal, velar por la legalidad de las actuaciones, los términos en la toma de decisiones, la determinación de la responsabilidad individual y las circunstancias concurrentes, unido a la proporcionalidad y racionalidad, en correspondencia con la defensa de los bienes jurídicos protegidos.

LA PRIORIDAD DE PROTEGER A LOS MENORES

Conforme el artículo 16 del Código Penal, la responsabilidad penal es exigible a la persona natural a partir de los 16 años cumplidos, en el momento de cometer el hecho punible.

Existe, además, una regla de adecuación prevista en el artículo 17 para los casos que tengan más de 16 y menos de 18 años de edad, a quienes pueden reducírseles los límites mínimos y máximos hasta la mitad de las sanciones y respecto a los que se encuentran entre 18 y 20 años, esa disminución posible es hasta un tercio.

Según Mederos Torres, los jóvenes entre 16 y 18 años de edad que participaron en hechos delictivos asociados a los disturbios, tienen designados para su protección fiscales diferentes a los que realizan el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública.

Además, acotó, fueron evaluadas las medidas cautelares a imponer. A algunos, al inicio, se les aseguró con prisión provisional, lo que fue variado al avanzar los procesos, entretanto se mantienen en esa condición aquellos que ejecutaron hechos de extrema gravedad.

Y los menores de 16 años, que no son sujetos del Derecho Penal, pero incurrieron en conductas delictivas, están siendo examinados por equipos multidisciplinarios de expertos de los Centros de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores, quienes recomendarán las medidas que se adoptarán.

QUEJAS Y PLANTEAMIENTOS

Dyxán Fuentes Guzmán, fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos, señaló que, entre los meses de enero a julio, fueron atendidas 53 217 personas y, de estas, 18 646 plantearon cuestiones relacionadas con los procesos penales. Además, se recibieron 10 434 quejas y peticiones, de ellas 3 854 vinculadas con el proceso penal.

Sobre los hechos asociados a los disturbios han sido atendidas 308 personas y se han recibido 99 quejas y peticiones, las cuales han variado con el avance de las investigaciones y hoy se concentran, sobre todo, en inconformidades con la medida cautelar de prisión provisional, con los delitos imputados y con las sanciones impuestas. De las quejas, dijo, se han concluido 33. De igual modo, a partir de los resultados de las investigaciones y los elementos manifestados, se han modificado medidas cautelares, han sido incluidos los argumentos para valorarlos en el proceso penal concreto y se ha ofrecido orientación jurídica de lo que corresponde en cada etapa del proceso.

Tomados de Cubadebate

Detalles sobre procesos penales tras disturbios recientes en Cuba (+Video)

La Habana, 5 ago (ACN) Con apego a la legalidad y respeto al debido proceso y a todas las garantías previstas en la legislación cubana, los tribunales de justicia municipales han procesado, hasta el momento, a 62 personas relacionadas con los disturbios recientes, informó Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular (TSP).

En declaraciones al diario Granma, el también director de Supervisión y Atención a la Población del TSP, aseguró además que las personas que se han puesto a disposición de los tribunales son aquellas cuyas conductas han sido constitutivas de delito.

La tipicidad delictiva predominante en estos casos ha sido el desorden público, en 53 de los sancionados, unido a otros delitos tales como el de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño, explicó el jurista.

Para hechos de esta naturaleza, agregó, la ley prevé sanciones de hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas, o ambas.

Sánchez Hidalgo comentó, además, un grupo de garantías y derechos que la legislación contempla y que han estado presentes, como el derecho a aportar pruebas, tanto el denunciante como el acusado, así como comparecer con abogado, si lo considera la persona imputada.

Asimismo, es posible mostrar inconformidad con los miembros del tribunal, declarar o abstenerse de hacerlo el acusado, el derecho de última palabra, así como la posibilidad de establecer recurso de apelación.

“Podemos asegurar que en los procesos judiciales tramitados hasta ahora se ha mantenido una observancia estricta de cada una de estas garantías, en particular el derecho a la práctica de pruebas y la obligación de demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos que se les imputan”, manifestó el magistrado.

Explicó que uno de los asuntos que se ha querido manipular ha sido el derecho a la defensa, pero en los delitos sancionables hasta un año de privación de libertad, y que son tramitados por los tribunales municipales, se admite la comparecencia de los abogados si los acusados concurren con estos al momento del juicio oral, conforme lo establece el artículo 360 de la Ley de Procedimiento Penal.

Así se obró en estos casos, subrayó, y el tribunal dio todas las facilidades para que a los acusados que tuvieron la intención de nombrar abogado, se les garantizara ese derecho.

De los juzgados hasta el momento, 22 comparecieron al acto del juicio oral asistidos por abogados; del total de acusados uno resultó absuelto, y 45 han establecido el recurso de apelación y, de estos, 40 han designado abogado, informó Sánchez Hidalgo.

También comentó que se le revocó la sanción subsidiaria o libertad condicional a 21 sancionados que participaron en los hechos e incumplieron con sus obligaciones impuestas por la ley.

El jurista destacó que el TSP ha recibido seis preocupaciones, referidas al derecho a la defensa e inconformidad con las sanciones impuestas; y ya cuatro fueron investigadas, en dos de estas se notificó la respuesta y dos están en curso.

Dichos asuntos, competencia de los tribunales municipales, se dirimen por procedimientos, según nuestras leyes, más ágiles y expeditos, pero no exentos del cumplimiento de todas las garantías, e incluso, en algunos casos se modificó la hora prevista para el juicio, en espera de la asistencia de abogados, indicó.

Asimismo, aclaró que se trata de procesos que no requieren asistencia letrada para establecer recurso de apelación, pues el propio sancionado puede, mediante un escrito sencillo, mostrar su inconformidad con el fallo y ello es suficiente para elevar las actuaciones al tribunal superior.

Por su parte, el jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Dixán Fuentes Guzmán, resaltó que este órgano estatal tiene como misión fundamental controlar la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes.

También, añadió, las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido.

El directivo acotó que dicho principio deviene en garantía para todos aquellos que han establecido alguna queja o reclamación ante este órgano, incluidos los asuntos relacionados con los disturbios recientes.

La Constitución, en su artículo 10, dispone que los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados están obligados a respetar, atender y dar respuesta al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control, en las formas establecidas en la Constitución y las leyes, precisó Fuentes Guzmán.

Bajo estos preceptos, dijo, de enero a junio de 2021, la FGR ha atendido a más de 47 mil personas, y ha recibido más de nueve mil quejas de la población.

Del 11 de julio al 3 de agosto, en relación con los hechos desestabilizadores, este órgano ha atendido 215 personas, de 12 provincias y del municipio especial de Isla de la Juventud, y ha recepcionado, por las diez vías establecidas por la Fiscalía, 47 reclamaciones.

Ello, estadísticamente, desmiente las campañas que hablan de quebrantamientos desproporcionados de la legalidad y listas de supuestos desaparecidos, expresó el funcionario.

Las principales reclamaciones, señaló, en un primer momento, estuvieron vinculadas con el desconocimiento del lugar donde se encontraba la persona detenida, la inconformidad con el lugar de la detención y con la detención en sí, la solicitud de información de los términos de la detención y los derechos de los acusados, y desacuerdo con los delitos imputados.

Mencionó también las quejas, en menor medida, sobre las actuaciones de los agentes del orden en el momento de la detención, inconformidades con las medidas cautelares y la ocupación de bienes, así como discrepancias con las sanciones impuestas o preocupación con los procesos que involucran a algún menor.

De las 47 reclamaciones ya se ha concluido la pesquisa de 12 y se ofreció respuesta a las personas, y hasta el momento no se han detectado violaciones de la legalidad, aunque las investigaciones continúan, para lo que disponen de un término de 60 días, enfatizó el fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos.

En cuanto a las quejas por excesos cometidos por los agentes del orden, aseguró que no han sido representativas dentro de las reclamaciones.

Recalcó también que la edad penal en Cuba es a partir de los 16 años, pero, en el caso de los menores de 18 años de edad, la ley prevé procedimientos específicos que amparan a los implicados.

Fuentes Guzmán comentó que los fiscales siguen evaluando los hechos ocurridos, individualizando la participación de cada uno de los acusados y qué material probatorio existe, unido a la observancia de todas las garantías y derechos de las personas, contemplados como parte del debido proceso.

Como consecuencia, aseguró, a algunos ciudadanos se les han impuesto sanciones administrativas, se han modificado medidas cautelares de prisión provisional, y se ha mantenido esta medida en aquellos casos de mayor gravedad.

Otras personas, tras las investigaciones, han quedado en libertad sin cargos, en tanto prosiguen aquellos procesos relacionados con los delitos más graves, puntualizó.

Tomado de ACN

A mayores precios, mayor respeto

Aunque es un proceso ineludible y necesario para la economía cubana, ya el ordenamiento monetario revela una de sus complejidades, recién iniciado con su consiguiente reforma de precios. Y requerirá un monitoreo sistemático para reconsiderar y atenuar sus impactos en la población.

Habrá que ir examinándolo con los días y las evidencias de la realidad, que suele ser terca. Salta a la vista que, aun con una reforma general de salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social, se impone un detector perenne de los costos sociales y vulnerabilidades resultantes. La asistencia social, de hecho, está desafiada en su dinamismo y capacidad de cobertura.

Por lo pronto, se han tenido que reconsiderar ciertos precios y tarifas centralizados, como los de la electricidad y el gas licuado, más otros de decisión territorial. Y se necesita también atajar a tiempo que la descentralización de atribuciones para fijar precios no sea manejada para buscar ganancias e ingresos a todo costo; o más bien a costa del bolsillo ciudadano.

Las autoridades del país no han dado señales de un golpe seco e irreversible, como los paquetazos sordos que campean por el mundo. El propio presidente cubano ha defendido la idea de la reconsideración y el reanálisis de los desbordes y excesos, teniendo siempre en cuenta los estados de opinión de la población. Pero ello no puede desvirtuarse en la cadena transmisora hacia abajo, de manera que prime el sálvese quien pueda. El propio Gobierno tendrá una ardua tarea para llegar a las raíces profundas de los nuevos problemas.

Aunque era previsible un desencadenante inflacionario en esta cura de caballo de nuestra economía, urge prever que los saldos no se agraven por el desentendimiento, la desidia, el inmovilismo funcionarial y la resistencia burocrática a los consiguientes cambios liberadores que sobrevienen como parte de la nueva estrategia económica.

Si algo se revela ya, es un consumidor más activo y defensor de sus derechos, que está constantemente colmando de preguntas, inquietudes y solicitudes de esclarecimiento la agenda de los propios ministros, quienes comparecen y dan el rostro como nunca antes en los espacios comunicacionales a los estados de opinión de la población, unos con más agudeza que otros. Y esa interacción tiene que calar el cuerpo de la nación hasta abajo, y de abajo hacia arriba.

El hecho de que los precios y tarifas minoristas hayan aumentado, constituye un verdadero desafío a los tradicionales problemas de calidad de nuestros productos y servicios, y la mediocre conformidad y desentendimiento de administraciones y funcionarios públicos, que simulan cumplir con la política orientada desde arriba más con palabras repetitivas que con el rigor, el orden y el ejemplo que necesita el ciudadano.

El agónico ejemplo del pan normado es solo la punta del iceberg. Por lo general, salvo honrosas excepciones, ese cuasi mendrugo ha sido la vergüenza de cada día y la mejor metáfora del engaño: desde antes, cuando costaba cinco centavos. Y ahora, con el valor de un peso, los consumidores están renunciando a comprarlo, en una suerte de rebelión pacífica de la autoestima.

Este podría ser el inicio de una recuperación de la cultura devocionaria hacia el ciudadano y su complicada vida cotidiana entre tantas afrentas provenientes del desfalco, la sustracción, la chapucería y el irrespeto a su bolsillo. La gente está situando sobre el tapete sus denuncias, y solo toca controlar y hacer cumplir en cada lugar la autoridad que el Estado ha conferido. Mientras se rediseña el modelo económico, de manera que trabajando, en lo estatal como en lo no estatal, la gente prospere y no caiga en tentaciones, ¿es tan imposible que cada responsable, hasta el más modesto sitio, vele por la defensa del ciudadano? ¿Habrá que reconsiderar un nuevo proceso de idoneidad para jefes y subordinados?

Igualmente se requiere revolucionar nuestro cuerpo jurídico, y darle más autoridad y mecanismos de resarcimiento a la protección del consumidor, que durante años ha caído en un terreno tan movedizo e inseguro, el cual genera desesperanza y desconfianza. Un consumidor cautivo y con escasas opciones, en unas reglas del juego desiguales, diseñadas desde quien presta el servicio. Aquello de lo tomas o lo dejas.

También el hecho de que las estructuras de protección al consumidor estén insertadas en el propio diseño de las entidades que violan sus derechos, mengua bastante la efectividad de los procesos vindicativos de ese ciudadano, los enlentece y en algunos casos llega a entorpecerlos.

Algún día, no sé si sueño demasiado, aun cuando existan los departamentos de Atención en las propias entidades, debería existir una especie de institución independiente y dinámica de arbitraje, al estilo de la Contraloría General de la República, que represente a ese menoscabado en sus derechos, ante quienes siempre deberían servirle con respeto.

Tomado de Cubadebate.

Polígono productivo trabaja por la soberanía alimentaria

Contramaestre, dic 11.- El polígono productivo de este municipio es ejempo de minindustria local que tiene como misión principal elaborar alimentos con respaldo en la agricultura del territorio. Su colectivo que se ha convertido en referencia de la industria alimentaria en la provincia de Santiago de Cuba.

En este polígono trabajan doce hombres y mujeres que hacen suyo el programa de la soberanía alimentaria toda vez que existen potencialidades agrícolas locales para ofertar una cartera de productos que excede los 15 surtidos, con cero consumo de portadores energéticos (diésel).

Nelson Cabrera Reyes administrador de la referida unidad perteneciente a la Industria alimentaria de Contramaestre señala que este 2020 ha sido un año muy complejo al cual ha habido que sobreponerse.

A pesar de las dificultades no se han detenido las producciones y por el contrario se han redoblado esfuerzos para continuar buscando alternativas.

El Polígono con destinatarios múltiples

El meritorio despegue de los trabajadores del Polígono productivo municipal de Contramaestre tiene destinos específicos.

La red de Mercado Ideal, el Comercio y la Gastronomía, así como aquellas comunidades con una situación epidemiológica compleja frente a la Covid-19, constituyen sus prioridades de distribución y comercialización.

Evidentemente, esta modalidad de producción de forma artesanal en Contramaestre, demuestra la contribución territorial en defensa de la soberanía alimentaria.

Derechos humanos y su distorsión norteamericana

El 10 de diciembre de 1948, concluida la II Guerra Mundial, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, la ONU escogió ese día para señalarlo en el calendario de celebraciones.

Si hacemos una investigación medianamente responsable de la realidad posterior al parto de la fecha, sale a relucir, de manera inmediata, que el país potencia, Estados Unidos, se apropió de esas dos palabras –derechos y humanos– y las convirtió en instrumentos políticos, lo mismo para imponer sanciones que para lanzar agresiones militares, y así ha sido hasta hoy.

Sin embargo, no es nada difícil desnudar tal concepción, pues el estandarte tejido en estos 72 años no ha sido otra cosa que una fachada llena de lentejuelas baratas, colgadas con alfileres que se quiebran con el más mínimo empuje de la verdad.

Derecho humanos ahora mismo en EE.UU.

Confieso que no conozco si aquella Declaración Universal de 1948 puede justificar lo que ocurre hoy mismo en el poderoso imperio del Norte. ¿En qué párrafo podría encontrarse que cuando Donald Trump creó jaulas y centros de detención para menores inmigrantes en la frontera con México, estaba defendiendo un derecho humano? ¿Dónde poner las cifras de afronorteamericanos asesinados por la policía de ese país sin que sus actores sean castigados? ¿Cómo entender que en EE. UU. mueren alrededor de 11 000 personas anualmente por armas de fuego?

Según cifras del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), en 2016 se usaron armas en un 73,3 % de los asesinatos, en un 47 % de los robos y en un 31,8 % de las agresiones graves. En ese país son muy comunes los tiroteos en lugares públicos como universidades, cines, plazas, hospitales…, debido, entre otras cosas, a la facilidad del acceso a los armamentos.

¿Quién garantiza entonces los derechos humanos, o mejor dicho, la vida de los niños que mueren en una escuela por el uso autorizado de un arma de fuego en manos de cualquier persona, incluso de menores? ¿Quién debe ejercer el control –y no lo hace– de la adquisición de un arma y el uso de ella? ¿Qué interpretación dar al concepto derechos humanos, cuando la víspera, precisamente de este 10 de diciembre, Estados Unidos tenía casi 15 millones de contagios por la COVID-19, y registra más de 280 000 fallecidos, según la OMS?

Y hay que relacionar el tema con los derechos humanos, por cuanto una gran responsabilidad –o mejor dicho, irresponsabilidad– por la falta de control de la pandemia y por haber ignorado su gravedad, la tiene el Presidente de ese país.

La violación de los derechos humanos por parte de Estados Unidos no solo ha tenido como escenario su territorio. Ha ido más allá de sus fronteras.

Cuando en 2001 invadieron Afganistán, lo hacían sabiendo que ese país asiático ocupaba uno de los primeros lugares entre los más pobres del planeta. Años después, aún hay contingentes militares del Pentágono en esa nación, mientras la cifra de civiles muertos por ataques aéreos liderados por EE. UU. aumenta casi un 330 % entre 2016 y 2019, según un estudio elaborado por el Proyecto de Costos de Guerra de la Universidad de Brown, publicado el pasado lunes.

Además, la agresión ha dejado un saldo de casi 5 000 soldados muertos, de los cuales 3 356 son estadounidenses, así como decenas de miles de civiles asesinados y más de 50 536 heridos desde que la ONU empezara a recopilar datos estadísticos sobre el asunto.

Cuando Estados Unidos invadió Irak bajo la sombrilla de una burda mentira sobre armas de destrucción masiva que nunca existieron, lo hizo, según el entonces inquilino de la Casa Blanca, George W. Bush, para hacer respetar los derechos humanos en esa nación.

En estos 17 años han sido más de 600 000 los muertos, la mayoría de ellos civiles, víctimas de las bombas, cohetes, y el uso del uranio empobrecido, de acuerdo con la revista británica The Lancet.

Ha sucedido otro tanto en Libia y en Siria, donde todavía hoy, además de matar civiles y luego decir que son «daños colaterales», se roban públicamente el petróleo y entorpecen la lucha antiterrorista que emprenden las fuerzas locales.

Otra guerra que encabeza Estados Unidos, tan cruel como la militar, es el uso de las sanciones económicas, financieras y comerciales contra países cuyos gobiernos no se alinean a la política imperial y optan por defender su independencia y soberanía.

Así pasa con Cuba, por más de 60 años bloqueada, la Venezuela bolivariana y la Nicaragua sandinista. También usan sanciones contra la República Islámica de Irán, Corea del Norte, Siria y la empobrecida Yemén, entre otros países.

Han agregado a esta vergonzosa lista, las sanciones contra Rusia y China, en lo que constituye un desafío al equilibrio y a la paz mundial.

Ese es Estados Unidos, el país cuyo gobierno alega ser el modelo de garantía de los derechos humanos. ¿Cómo puede permitirse que se presente como el abanderado de su defensa? Sobran los ejemplos de semejante absurdo e hipocresía.

(Tomado de Granma)